Guardias civiles denuncian deficiencias de seguridad en cuarteles destrozados por la dana: «Manipulamos armas en la calle»

Según indica la asociación en un comunicado, la situación alarmante se recrudece todavía más en la localidad de Paiporta, considerada como la 'zona cero' de la dana. Allí, a pocos metros del cuartel, ocurrió el incidente de varios vecinos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita con los Reyes de España a las zonas golpeadas por la riada. En el garaje de ese mismo retén, murió un agente y la pareja de un teniente.

Pese a un informe de la Dirección General de la Guardia Civil que sostiene que el edificio «no presenta daños visibles», Jucil apunta que «los hechos desmienten esta afirmación». Para explicarlo, relatan que el servicio de Intervención de Armas, compuesto por cuatro agentes, se ve obligado todavía a operar en una furgoneta sin ventilación efectiva, aparcada en la vía pública, con la puerta abierta y en condiciones absolutamente precarias.

«Las armas se manipulan a la intemperie y se depositan en el suelo del vehículo o en plena calle, con los evidentes riesgos que ello supone tanto para los efectivos encargados de su control como para los ciudadanos que acuden a realizar los trámites pertinentes», señalan desde el sindicato.

Ante esta situación, propusieron a la Comandancia trasladar la unidad al municipio próximo de Albal, algo que creen que se llevará a cabo pero a unas dependencias diferentes que no disponen de armero. «Que no lo tenga obligará a un transporte diario de armas que incrementará notablemente los riesgos para usuarios y agentes», argumentan.

Por todo ello, califica el problema de «inaceptable» y recuerda que la integridad física de los guardias civiles y la seguridad del material armamentístico son «responsabilidades que no pueden seguir relegándose, especialmente ahora que, con la llegada del verano, se prevé un aumento de población». De hecho, confirman que ya se ha registrado una denuncia formal por parte de un ciudadano alertando sobre las condiciones en las que están trabajando en esta unidad.

La situación no es mejor en el Puesto Principal de Llíria, donde los agentes del Área de Atención han denunciado una «sobrecarga laboral inadmisible». En numerosas ocasiones, afirman, un solo guardia civil se ve obligado a gestionar simultáneamente la atención ciudadana, la recogida de denuncias, la vigilancia de calabozos y la custodia de detenidos.

Las condiciones en las que se recogen denuncias sensibles —como casos de violencia de género, agresiones sexuales o desapariciones— vulneran la privacidad y seguridad de las víctimas, según asevera Jucil. Situación a la que hay que sumar la carencia de medios técnicos, como impresoras o escáneres, «que agudizan aún más el colapso operativo».

Las promesas ofrecidas por la Comandancia, como que se intentarán reforzar los servicios o que no es viable reubicar los calabozos resultan claramente «insuficientes» y evidencian «la ausencia de medidas estructurales reales».

Por otro lado, el informe oficial de la Dirección General de la Guardia Civil reconoce también daños relevantes en otros acuartelamientos de la provincia de Valencia afectados por las inundaciones de octubre de 2024. Entre ellos, Alfafar, Benaguasil, Chiva, Llombai, Requena y Utiel presentan desde problemas de humedades y deterioro estructural hasta la necesidad de adaptar sus instalaciones a la normativa vigente. Sin embargo, apuntan que no se ha especificado un calendario de ejecución «realista» ni se han evidenciado avances concretos, «a pesar del tiempo transcurrido y del riesgo operativo que supone mantener abiertas estas infraestructuras en condiciones deficientes».

Desde la asociación mayoritaria de la Benemérita se alerta de que la falta de planificación, la opacidad en los plazos y la ausencia de medidas preventivas contribuyen a una «sensación generalizada de abandono institucional entre los agentes y las comunidades afectadas».

Por ello, se exige al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil una actuación inmediata, transparente y coordinada que garantice unas condiciones de trabajo seguras y dignas para los agentes, la correcta custodia del armamento y un servicio de calidad y con garantías de privacidad para la ciudadanía que acude a estos puestos. «No se puede normalizar la precariedad ni seguir gestionando la seguridad pública desde la improvisación», concluyen.