El exjefe de gabinete de Oltra se niega a declarar ante el juez hasta conocer los correos intervenidos

Una circunstancia que ha llevado a uno de los dieciséis investigados, el jefe de gabinete de Oltra hasta su dimisión en junio, Miquel Real, a acogerse a su derecho a no declarar ante el juez. Real había sido citado el próximo 12 de enero, pero su defensa ha solicitado la suspensión de la comparecencia hasta que se conozca el contenido de esa pieza -la prórroga de la cual no les ha sido notificada- y se disponga «tiempo suficiente para tomar conocimiento de la misma».

Considera el abogado del ahora asesor de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad que resulta «imposible que el derecho de defensa sea cumplido en toda su extensión». En ese sentido, en un escrito al que ha tenido acceso ABC, pide que se les haga saber «si el juzgado entiende que es necesario comparecer dicho día para manifestar que mi cliente se acoge a su derecho a no declarar».

Real fue imputado tras la declaración de Oltra en sede judicial el pasado mes de septiembre. Según esa comparecencia, él fue la primera persona a la que llamó cuando conoció los abusos y ya no supo más de las actuaciones que había llevado a cabo Igualdad. La suya no era la única declaración prevista para este mes. El 18 de enero está citado como investigado en el juzgado el exsubsecretario de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Francesc Gamero.

En paralelo, en un auto fechado el 25 de diciembre, el instructor Vicente Ríos ha acordado prorrogar un mes más el secreto de la pieza separada al considerar que no han «variado los motivos por los que se declararon secretas estas actuaciones y por ser necesario para el éxito de la instrucción».

El magistrado ordenó en octubre incorporar a la causa los correos electrónicos oficiales de catorce de los dieciséis investigados, entre ellos Mónica Oltra o la todavía directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero.

Emails que se cruzaron en las fechas en las que se habrían producido los hechos que se investigan: desde el 20 de febrero hasta el 23 de marzo de 2017 y desde el 5 de julio hasta el 1 de diciembre del mismo año. Dos periodos clave en el caso.

El primero contempla desde que la entonces niña de 14 años relató por primera vez los abusos hasta que el monitor -Luis Ramírez Icardi, condenado a cinco años de cárcel, a la espera del recurso en el Tribunal Supremo- regresó a su puesto de trabajo en el centro Niño Jesús de Valencia, al no darse credibilidad al testimonio de la víctima.

En el segundo, la Fiscalía ya conocía los presuntos abusos después de que la menor contara lo sucedido a dos policías nacionales. A partir de ahí, un juez dictó una orden de alejamiento, Mónica Oltra conoció los hechos por su condición personal y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas abrió un expediente informativo que el instructor cree que buscaba desacreditar a la joven, pese a que el caso ya estaba en los tribunales.

El instructor aceptó parcialmente la petición realizada por una de las acusaciones populares, la asociación de Cristina Seguí, a la que se acogieron Vox -también personado en la causa- y la defensa de la víctima, representada por el letrado y líder de España 2000 José Luis Roberto.