Condena a una notaría por validar un testamento de doce millones de una anciana en estado vegetativo por un ictus

Formalizó el documento con dos testigos familiares de algunos de los herederos in situ cuando la mujer estaba ingresada en 2012 y ahora la Audiencia Provincial lo ha anulado todo y parte de la fortuna tendrá que devolverse a la Fundación Gozalbo-Marqués de Madrid, que ella había presidido en el pasado, tal como ha publicado Las Provincias.

Ni la condena -cinco meses de inhabilitación y multa de 2.200 euros- ni los honorarios de la notaria representan un volumen económico notable, ya que la fedataria pública solamente cobró 50 euros por aquella gestión.

En su descargo y para justificarse, la funcionaria declaró que la anciana respondía a las preguntas apretando en la mano que se le cogía, cuando acudió a la firma del otorgamiento de testamento, además de que el documento lo había redactado la propia anciana en el despacho notarial previamente y sólo faltaba el trámite de la firma cuando se lo llevó al hospital. No obstante, al haber fallecido, el tribunal no ha dado credibilidad a esa preparación previa consciente y con sus plenas facultades.

En cambio, en la sentencia se fundamente la condena en que la notaria debió cerciorarse de la situación de salud de la mujer de avanzada edad consultando a especialistas médicos, lo que hubiera hecho evidente que no sabía lo que firmaba por su deterioro mental y físico.

Al respecto, el testimonio de jefe de Neurología del Hospital Aguas Vivas de Tavernes de la Valldigna, describió en el juicio celebrado esta semana en Valencia que sus «capacidades cognitivas eran nulas», que apenas podía «abrir los ojos» y que no estaba en condiciones ni de resolver un problema de Matemáticas planteado a un niño de seis años.

Inicialmente, antes de sentarse en el banquillo, la Fiscalía pedía para la notaria una pena de cinco años de cárcel como presunta autora de un delito continuado de falsedad en documento público. Y para los dos testigos, dos años y medio de prisión como cooperadores necesarios del mismo delito.