Clamor en la Policía Nacional tras el asesinato del agente de Valencia: «Queremos volver vivos a casa»

El sindicato Jupol, mayoritario entre los agentes de la Policía Nacional, ante el impacto social y emocional que ha generado el asesinato de Carlos, ha convocado una manifestación de carácter urgente para el miércoles 3 de diciembre, de 12:00 a 14:00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Valencia, en la Plaza del Temple, 1.

La concentración, comunicada formalmente a la Delegación conforme al artículo 21 de la Constitución Española y a la Ley Orgánica 9/1983, buscará rendir homenaje al agente fallecido, denunciar públicamente la «escalada de violencia» que sufre el colectivo y exigir respuesta inmediata por parte de las instituciones. «La muerte de un policía nacional no puede seguir siendo un simple dato estadístico ni un titular más. Es una tragedia de Estado que requiere decisiones urgentes y valientes», expresa Jupol en un comunicado.

Desde JUPOL subrayan que han mantenido un riguroso luto por respeto expreso a la familia del compañero, ya que desde el mismo momento de su fallecimiento, producido el pasado martes por la tarde, hasta este lunes, han evitado realizar declaraciones públicas o anunciar la concentración, atendiendo al deseo explícito de sus seres queridos. Durante todo este proceso han estado junto a la familia, «acompañándolos desde el primer instante y respetando escrupulosamente sus tiempos, su dolor y su necesidad de privacidad».

No obstante, ahora han decidido protestar por un «asesinato que se suma a una «cadena creciente de episodios de violencia extrema» contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde JUPOL denuncian que no se trata de hechos aislados, sino de la «consecuencia directa» de un «aumento descontrolado de agresiones que en los últimos años se ha vuelto insostenible».

Emboscadas, ataques con armas de guerra, agentes hospitalizados en estado crítico y brutales palizas «son ya parte de una realidad que afecta a toda España y que confirma que muchos delincuentes han dejado de huir», apuntan. «Ahora atacan, disparan y buscan causar el mayor daño posible, alentados por la impunidad y por un marco jurídico débil que no protege a quienes velan por la seguridad de todos, critican.

En palabras del secretario general de Jupol, Aarón Rivero, «los policías nacionales no queremos homenajes póstumos ni minutos de silencio. Queremos volver vivos a casa. El Estado tiene la obligación de proteger a quienes lo protegen, una obligación está siendo vulnerada cada día».

Según el sindicato, este clima de violencia se ve reforzado por la ausencia de un discurso institucional sólido que defienda y respalde la labor de los policías. «La normalización de insultos, amenazas y agresiones, muchas de ellas acompañadas de expresiones de odio como 'tenéis que estar todos muertos' o 'ahora a ver si eres tan valiente', está deteriorando gravemente el principio de autoridad», apuntan. Según datos oficiales, en 2024 se registraron cerca de 17.000 agresiones contra policías nacionales y guardias civiles, una cifra histórica que «ni siquiera aparece reflejada en los informes de criminalidad del Ministerio del Interior».

A esta situación, advierten, se suma la »desprotección material y jurídica que sufren los agentes»: policías que aún patrullan sin chaleco antibalas individual, unidades que operan con material caducado o sin equipamiento balístico adecuado pese a enfrentarse a amenazas «cada vez más letales», y una «indefensión jurídica que convierte a los agentes en investigados cada vez que se ven obligados a usar la fuerza».

Jupol considera que esta crisis tiene una «responsabilidad política directa» y denuncia que, tras años de «promesas incumplidas y ausencia de reformas legales urgentes», el Ministerio del Interior ha permitido el «deterioro del principio de autoridad y el abandono generalizado de los agentes». Por ello, mantiene su exigencia de dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que considera responsable de un «colapso de seguridad que ya se cobra vidas y pone en riesgo la integridad de miles de policías en todo el país».

El fallecimiento del agente de Vinalesa se produce, además, tan solo unas horas después de que el senador del PSOE, Alfonso García Rodríguez, afirmara públicamente que los policías «nos teníamos que ganar la profesión de riesgo», unas declaraciones que Jupol considera «inaceptables, profundamente irrespetuosas y totalmente desconectadas de la realidad que sufren a diario los hombres y mujeres de la Policía Nacional». «La muerte del compañero evidencia, de la forma más trágica posible, que el riesgo no se gana: se padece, se enfrenta y, como en este caso, se paga con la propia vida», claman.

Por todo ello, el sindicato reclama de nuevo un paquete de medidas inmediatas que incluya el endurecimiento de las penas por agresiones a agentes, la creación de un agravante penal específico para ataques a policías, campañas institucionales de refuerzo del principio de autoridad, la dotación obligatoria de chalecos antibalas individuales, la renovación urgente del material caducado, la incorporación de equipamiento balístico adecuado, el refuerzo de plantillas en zonas conflictivas, la declaración de Zonas de Especial Singularidad cuando proceda y la actualización inmediata del Catálogo de Puestos de Trabajo, paralizado desde 2008.