La cárcel de Picassent registra 26 agresiones a funcionarios en los dos últimos años
El Gobierno responde al PP en el Congreso que la mayoría de ataques fueron leves y sin lesiones para los empleados públicos
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VALENCIA
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Iniciar sesiónEl centro penitenciario de Picassent, en Valencia, registró un total de 26 agresiones en los dos últimos años; la amplia mayoría de ellas de carácter leve y sin reportar lesiones a los empleados públicos, según constata el Gobierno a la pregunta llevada por ... el PP a la Mesa del Congreso de los Diputados.
El Ejecutivo central ha respondido así a la cuestión formulada por los diputados 'populares' el pasado 25 de enero para conocer cuántos actos violentos han sufrido los funcionarios de la citada prisión valenciana y si se han emprendido medidas adicionales para reforzar su seguridad.
Así, el Gobierno señala que en el año 2022 se han producido 12 agresiones y en 2023, han sido 14. Sobre estos ataques, informa que el 99,5% han sido leves o sin lesiones.
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En relación a las medidas adoptadas para «prevenir, evitar, minimizar y canalizar» este tipo de incidentes, el Gobierno explica que ha llevado a cabo diferentes análisis de los sucesos que han derivado en agresiones a profesionales penitenciarios, con el objeto de detectar las causas, diseñar estrategias preventivas ante las conductas agresivas y establecer «medidas correctoras que eviten nuevos episodios o minimicen el efecto de los mismos».
Del mismo modo, expone que también ha organizado acciones formativas dirigidas a los profesionales penitenciarios, en el marco del Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones, y que se han trasladado de nuevo las pautas a los consejos de dirección de los centros penitenciarios para que actualicen «la normativa y procesos de actuación» según los aspectos de mejora detectados.
Además, confirma que ha puesto a disposición de los profesionales penitenciarios diferentes elementos de protección personal y que en cada cárcel se hará se hace especial énfasis en los siguientes aspectos: «La importancia de la observación y el conocimiento de la población reclusa por los profesionales; potenciación de los programas de intervención para corregir las conductas de inadaptación que derivan en episodios violentos; adopción de medidas de prevención con aquellos internos que hayan denotado una mayor agresividad; organización de los servicios asignados a los profesionales penitenciarios, garantizando su presencia en los diferentes departamentos durante un periodo de tiempo suficiente que posibilite el adecuado conocimiento de los internos en ellos destinados». según consta en el citado documento de respuesta a la pregunta del PP.
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