Asaja y CEV exigen a Ximo Puig que aclare si se recortarán a la mitad los trasvases Tajo-Segura en cinco años

Aunque el documento del órgano consultivo contempla elevar el caudal ecológico de seis a siete metros cúbicos de agua en el Tajo a su paso por Aranjuez y condiciona otros aumentos hasta ocho y 8,6 metros en 2026 y 2027, respectivamente, a unas obras de modernización -tanto en la depuración de aguas vertidas desde Madrid como en desalinización en la cuenca del Segura-, el secretario de Estado advirtió de que esa disposición adicional no es vinculante.

Este giro de última hora dejó descolocados a los regantes levantinos y murcianos, sobre todo, cuando el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, celebró como un triunfo haber dejado intacto el documento original y presentar el Plan del Tajo como la antesala ya del fin de los trasvases al Segura.

La diferencia, en la práctica, está entre reducir el volumen transferido en unos 30 hectómetros cúbicos al año o hasta un centenar, según se aplique una otra receta.

No obstante, Ximo Puig ha asegurado este miércoles que estas transferencias hídricas están garantizadas y que se revisará la situación de las masas de agua en la cuenca cedente antes de decidir esos posibles incrementos de los caudales ecológicos con independencia de «lo que diga García-Page o quien sea».

Desde CEV y Asaja reclaman una «reunión urgente» con los responsables autonómicos porque «es necesario manifestar claramente que la abstención realizada en el Consejo Nacional del Agua, en la votación del borrador del Plan Hidrológico del Tajo, deja en evidencia la falta de claridad y contundencia del Consell valenciano en la defensa de los recursos hídricos que necesita la provincia de Alicante. Además, esta decisión deja en entredicho el acuerdo anunciado por el Consell y el Gobierno la pasada semana».

Frente a estos temores por la incertidumbre, Puig ha insistido en Alicante en que «con todas las dificultades, el acuerdo es mucho más favorable de lo que estaba previsto». Y ha enfatizado que hay «avances decisivos para lograr el gran objetivo alejado del barro partidista: agua para siempre y al precio adecuado».

Según ha expuesto, el futuro del Tajo-Segura se garantizará «no solo por esa cláusula adicional», sino también por mejorar la reutilización del agua que llega al Tajo: «Solo reutilizando adecuadamente los centenares de hectómetros cúbicos que se pierden cada año desde la Comunidad de Madrid se podría mejorar sustancialmente».

El presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, ha señalado que se sienten «engañados ante la desvinculación por parte de la Secretaría de Estado del pacto entre el Ministerio de Transición Ecológica y la Generalitat Valenciana que, en un primer momento, se había interpretado como un cambio leve en la tendencia de eliminar el Trasvase-Tajo Segura». Sin embargo, con esta decisión, se confirma la «intención progresiva» de suprimirlo, «obviando de forma irresponsable el daño que va a provocar a las empresas que dependen de este suministro, y por tanto a las personas trabajadoras que perderán su empleo sin ofrecer una alternativa real y viable a este suministro».

Por su parte, el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, ha abundado en la falta de claridad: «Estamos en una situación muy delicada, pues no contamos con información veraz ni objetiva de lo que hacen o pretender hacer con el agua. Este Ministerio está jugando de manera desleal con una actividad económica esencial como es la agricultura».

En cambio, Puig también ha responsabilizado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de la situación medioambiental del Tajo, tras destacar que el Gobierno prevé invertir más de mil millones en reutilización del agua que «aquí pagan los alicantinos, valencianos y castellonenses». Por eso, ha instado a la dirigente madrileña a «depurar de una vez el agua» para marcar «un antes y un después« en la calidad de este río.

Paralelamente, Puig ha resaltado que el acuerdo permite que «fluya agua con esperanza» en el Júcar-Vinalopó, algo que «hasta hace poco era una quimera», así como trabajar en soluciones «estables» en materia de reutilización de los recursos hídricos.

Para ello ha avanzado que la empresa pública autonómica EPSAR invertirá más de 200 millones de euros en los próximos años, «canalizando adecuadamente toda esa agua propia». También ha abogado por potenciar la desalinización «a unos precios asumibles» para los agricultores.