Los enchufes del PSOE en Benidorm se convierten en «causa compleja»

Esta posibilidad legal, que había solicitado el fiscal, se reserva para asuntos relacionados con «grupos u organizaciones criminales, que tengan por objeto numerosos hechos punibles, involucren a gran cantidad de investigados o víctimas» y en otras circunstancias como el análisis de «abundante documentación» o –no es el es caso- delitos de terrorismo.

Con este salto cualitativo, ya que una instrucción ordinaria se tiene que resolver en seis meses y ahora el magistrado incluso deja abierta la posibilidad de prorrogarla en diciembre de 2017, se desmonta el argumento del exalcalde y hoy diputado provincial Agustín Navarro, quien siempre sostuvo que todo se reducía a una posible «infracción administrativa».

Uno de los contratos bajo sospecha ya fue anulado el pasado verano , el de una sobrina segunda que el dirigente socialista colocó mediante la fórmula del relevo a un funcionario que se prejubilaba, sin opositar para la plaza, haciéndose con el puesto desde su empleo municipal eventual.

En estos momentos están imputados en la causa el exalcalde Navarro, el exconcejal de Personal Juan Ramón Martínez y la ex Jefa de Recursos Humanos . A los tres se les imputan tres supuestos delitos continuados «de prevaricación administrativa en su modalidad de nombramientos ilegales , de tráfico de influencias y de malversación de caudales públicos».

La denuncia inicial de las posibles irregularidades contables partió en febrero de 2013 del Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) y posteriormente la hizo suya la Fiscalía de Alicante. En el auto de imputación se citaba la «ocultación» de un informe contrario de la Intervención municipal por el incremento del gasto, tanto por los contratos como los pluses salariales.