El juez indaga los vínculos con el PSOE de los «enchufados» de Benidorm

Las declaraciones de los primeros testigos en el caso por posible «enchufismo» múltiple en el Ayuntamiento de Benidorm durante el mandado del socialista Agustín Navarro dejan entrever que la investigación judicial se centrará en dilucidar si había una afinidad al PSOE entre los 43 beneficiados por los contratos y los pluses salariales , así como si existía consignación presupuestaria y «urgencia y necesidad» que los justifiquen.

La comparecencia de los tres imputados por presunta prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias -el exalcalde, su entonces concejal de Personal, Juan Ramón Martínez , y la exjefa de Recursos Humanos, Carmen Navarro -, se aplazó al 17 de diciembre, y a 12 testigos se les citará en enero y febrero.

Ayer testificaron el coordinador de Recursos Humanos, Daniel Caneiro ; el interventor municipal, Ignacio Oiza; el exsecretario del Ayuntamiento Francisco García -que después de realizarse estos contratos, entre 2009 y 2010, se trasladó y ejerce en la provincia de Málaga- y la exconcejal socialista de Hacienda Natalia Guijarro .

Caneiro admitió que no conocía con precisión sus funciones y actuó por orden del exalcalde , y fue preguntado acerca del parentesco de algunos empleados con afiliados del PSOE -explícitamente la sobrina de Navarro- y sobre los decretos que otorgaban complementos de productividad.

A continuación declaró el interventor, un testimonio clave, que informó al juez durante dos horas sobre los informes contrarios y los reparos que interpuso a estas contrataciones por superar el límite de la consignación presupuestaria para el capítulo de Personal. De hecho, este funcionario ratificó que advirtió en varias ocasiones a los dirigentes del equipo de gobierno de estos excesos y anomalías en la contabilidad municipal.

En cuanto al que fuera en aquella época secretario municipal y, por lo tanto, máximo fedatario público de la gestión en el Ayuntamiento, comentó a la salida del juzgado que todo se había desarrollado con «normalidad» esos años , sin desvelar qué había declarado en sede judicial por orden del juez, como el resto de testigos. La última en comparecer, Natalia Guijarro, tuvo que dar cuenta de las formas y métodos de contratación y de los acuerdos que se adoptaban en las juntas de gobierno.

Las preguntas del juez también incidieron en si había consignación presupuestaria adecuada para estos contratos y pluses retributivos a los supuestos «enchufados», así como si estaban justificados por «urgencia y necesidad». El exalcalde, Agustín Navarro, ha maniobrado en los últimos tiempos en varias ocasiones para procurarse informes que avalen sus decisiones a posteriori, aunque aparentemente sin éxito. Al parecer, varios de los funcionarios llamados como testigos de la defensa no estaban avisados, y ven un intento de depositar en ellos la responsabilidad, mientras el hoy diputado provincial se procura el respaldo de un abogado de prestigio como Javier Boix , que defendió a Francisco Camps.