La juez de la F-1 insiste en procesar a Camps y carga contra la Fiscalía

El pasado 2 de mayo, la juez dictó auto de procesamiento contra Camps y otras 15 personas –entre ellas los exconsellers Mario Flores y Vicente Rambla, altos funcionarios y empresarios–por los presuntos delitos de prevaricación en concurso con otro de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial en el diseño y construcción de la infraestructura para el Gran Premio.

Casi dos semanas después, Fiscalía Anticorrupción se pronunciaba para pedir el sobreseimiento provisional tras estudiar el contenido de un informe elaborado por Intervención de la Generalitat e incorporado a la causa a finales de abril . En él se concluía que «no se constatan fehacientemente hechos o circunstancias que permitan apreciar la existencia de un perjuicio económico directo para la Generalitat». De este modo, el Ministerio Público entendía que no podía probarse el delito continuado de malversación y, además, creía que había prescripción en la prevaricación.

La magistrada, sin embargo, no comparte el criterio. Y aprovecha para cargar contra Anticorrupción y los fiscales Vicente Torres y, especialmente, Pablo Ponce –encargado ahora de la causa y quien ha investigado otros numerosos casos de corrupción y financiación ilegal que también involucran a miembros del PP–. « Resulta sorprendente y poco serio que sea precisamente el Ministerio Público, quien interpuso la querella» que dio lugar al procedimiento, «solicite el archivo», llega a afirmar en el auto.

Según la magistrada, fue el primer fiscal quien inició las diligencias y a quien Fiscalía General del Estado le trasladó la necesidad de una pericial para determinar las irregularidades, informe que no se acordó ni practicó pese a haber presentado la querella en fecha posterior, lo que hubiera evitado el transcurso del plazo de prescripción que ahora alega.

Además, insiste en que ha sido esta parte quien no pidió declaración de causa compleja y se opuso a la cuestión de prescripción que planteó en su día Camps y que ahora por contra sostiene el segundo fiscal, hasta el punto de que fue precisamente el Abogado de la Generalitat el que interesó finalmente el informe de la Intervención General sobre 12 expedientes, que posteriormente la propia magistrada amplió a 21. En opinión de la juez, el informe de Intervención «no implica ni que no exista perjuicio económico ni menos aún malversación de caudales públicos».

Asimismo, la magistrada se pronuncia sobre las alegaciones de los procesados en relación con la declaración como testigo del exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, cuestionado por varios de ellos, y recuerda que fue precisamente el fiscal Torres quien introdujo esa comparecencia en las diligencias.

La juez rechaza también el recurso de la Abogacía de la Generalitat y mantiene el sobreseimiento provisional acordado respecto a la que fuera asesora de Camps, Belén Reyero.