El juez pide al TSJ valenciano que decida si investiga a Miguel Domínguez por blanqueo de capitales

Se trata del mismo procedimiento que realizó el pasado 21 de abril con la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá , elevando la exposición al Tribunal Supremo, al tener ambos la condición de aforados .

Esta pieza separada del caso Imelsa cuenta 47 personas investigadas, además del PP como persona jurídica. En ella se trata de averiguar si las donaciones de mil euros de concejales y asesores al grupo municipal (y que posteriormente les habrían sido devueltas en billetes de 500) sirvieron para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

En el escrito remitido al TSJCV, el magistrado Víctor Gómez considera «incoherente» (al igual que sucedió con Barberá) no elevar esta exposición dado que Domínguez realizó el mismo pago que todos los imputados. Además, considera que las alegaciones efectuadas por el diputado autonómico son insuficientes y « no aclaran nada en cuanto a la persona, lugar ni circunstancias en las que le fue comunicada dicha aportación». En este documento, el exconcejal se desvinculó de las decisiones de campaña y defendió que se encontraba «fuera del ambiente político diario».

El juez hace referencia a las declaraciones de las personas que admitieron la devolución de 500 euros . «Los testimonios de cargo, dos de ellos de personas investigadas, son múltiples y detallados, sin revelar elementos de contradicción e incoherencia interna. Indican una operativa general en relación con personas afines al grupo municipal respecto de la que esta instrucción no ha revelado, hasta el momento, hechos, circunstancias o explicaciones que permitan valorar con carácter excluyente, en esta fase, ningún tipo de discriminación, en atención a la persona o cargo, en cuanto a propuesta u ofrecimiento de devolución de dinero», expone.

Remarca, no obstante, que ni las dos investigadas que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que dicen haberse negado a hacer la aportación « han realizado una imputación concreta respecto a la participación de Domínguez en los hechos».

En el estado actual de la investigación, expone el magistrado, «se trata también de discernir las circunstancias relativas a la decisión de efectuar esas aportaciones en el ámbito del comité de campaña , sin que se haya podido establecer con claridad, a fecha de hoy, el origen de dicha decisión».

En esta instrucción queda pendiente el análisis de la documentación intervenida en el registro de la sede municipal de los populares y de los domicilios de las dos investigadas (en referencia a la exsecretaria del grupo, Mari Carmen García Fuster y a la exconcejal de Cultura, María José Alcón): «Ese análisis está condicionado por el volumen de la documentación y los dispositivos intervenidos en toda la causa en relación con los medios de los que dispone la Unidad Central Operativa (UCO)».