El juez imputa a seis cargos de la Conselleria de Mónica Oltra por el caso de los abusos de su exmarido a una menor tutelada

La causa tiene su origen en la petición del abogado de la víctima -mayor de edad-, el líder de España 2000, José Luis Roberto, que solicitó que se dilucidara si se desprotegió a la víctima para tapar el escándalo mediático, después de que la sentencia que condenó al acusado, Luis Ramírez Icardi , a cinco años de prisión, pusiera en entredicho la actuación del ejecutivo autonómico en este asunto.

Entre los imputados por parte de Igualdad se encuentra su directora territorial en Valencia, Isabel Serra , que concurrió en la lista electoral de las municipales de 2019 y fue miembro de la ejecutiva de Compromís per Xàtiva. Tambiénsu homónima en Castellón en el momento de lo ocurrido, así como una psicóloga y el jefe de la sección del Menor de la Conselleria; una funcionaria de este departamento que instruyó una información reservada sobre los abusos; y una psicóloga del servicio de atención psicológica a menores víctimas de abusos sexuales de la Generalitat.

Además, el juez mantiene como también investigadas a la directora y a una psicóloga del centro concertado Niño Jesús, donde ocurrieron los hechos. En total, ocho personas serán citadas para unas comparecencias que empezarán el 28 de febrero, según ha avanzado Las Provincias, y se prolongarán durante los días 2 y 3 de marzo.

La Audiencia de Valencia ordenó, a finales del año pasado , reabrir el caso que se había archivado a petición de la Fiscalía. El Ministerio Público justificó que la sentencia condenatoria no era firme, puesto que el condenado ha recurrido al Tribunal Supremo para que se repita el juicio, alegando falta de imparcialidad entre los magistrados que lo juzgaron dos veces.

Sin embargo, la Audiencia entendió que cada proceso sigue un cauce distinto y los hechos que denuncia la menor -la falta de respuesta ante un suceso tan grave- «resultarían punibles» aunque finalmente el acusado fuera absuelto.

Además, a la denuncia inicial de mayo de 2021 se ha sumado otra querella, remitida a Instrucción 15 desde otro juzgado por su relación con la causa reabierta para que se tramiten conjuntamente. Se trata de la demanda presentada por la asociación Gobierna-Te, presidida por la cofundadora de Vox Cristina Seguí, contra la propia Mónica Oltra y otros subordinados por este asunto.

En cualquier caso, por su condición de aforada , la vicepresidenta solo podría ser imputada por el Tribunal Superior de Justicia en caso de que el juez instructor apreciara indicios de delito por su parte y elevara el asunto. De momento, el magistrado entiende que no es pertinente pues, según señala en su auto, el hecho de que Oltra haya manifestado públicamente conocer la existencia de un procedimiento y haber ordenado que se le mantuviera informada, no puede entenderse de forma suficiente para afirmar que, a la par, ordenara realizar actuaciones con el objeto de encubrir hechos en perjuicio de la víctima .

Tanto la sentencia de la sección segunda de la Audiencia de Valencia del pasado mes de marzo, como la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de septiembre coincidieron en señalar «la hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima» por parte de «quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla».

Del mismo modo, cuestionaban el motivo por el que no se acudió a la Fiscalía de Menores y se optó por practicar una «‘instrucción’ paralela» : se encargaron unos informes que «podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat» pese a que eran «plenamente conscientes» de que el asunto ya estaba en manos del Ministerio Público.

La magistrada apreció «un claro sesgo de confirmación en toda la actuación de dicha Conselleria, a partir de la inicial percepción (consigna en realidad) de que la víctima es una niña problemática, mentirosa e incluso violenta». Tanto es así, que «solo las personas ajenas al ámbito de la Conselleria dotan de credibilidad el relato de la menor».

En el momento en el que la menor -ante la inacción de la dirección del centro- relató lo sucedido a dos policías, detallaba el texto judicial, «parece que se trata de disuadir a los agentes de que pongan en conocimiento de la Fiscalía los abusos» . El fallo también recalcó que pasaron cuatro meses hasta que esto ocurrió, puesto que «la primera noticia que se tuvo en el centro de los hechos fue el 20 de febrero de 2017» y no se dio parte hasta junio.

De acuerdo con ambas sentencias, el acusado acudía a la habitación individual en la que la niña, que entonces tenía 15 años , dormía cuando estaba castigada por mal comportamiento. Cuando creía que estaba dormida, cogía su mano y se masturbaba con ella. Algo que ocurrió varias veces entre finales de 2016 y principios 2017 en el Centro de Acogida Niño Jesús de Valencia, una residencia privada con plazas concertadas en la que trabajaba el procesado.

El procesado ya había sido condenado a la misma pena de prisión por estos hechos en noviembre de 2019, pero el tribunal anuló la sentencia y ordenó repetir el proceso parcialmente meses más tarde ante la existencia de dos informes exculpatorios que no se habían tenido en cuenta durante la primera vista.