Mónica Oltra no asume responsabilidades por los abusos a menores tuteladas en Valencia

Un agrio e intenso debate parlamentario en el que se ha constatado que las explicaciones de la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, a raíz del polémico informe del Síndic de Greuges sobre la gestión de los centros de menores, no han convencido a los grupos de la oposición.

El Defensor del Pueblo valenciano archivó la queja presentada por el PP tras emitir una resolución en la que se incluían datos aportados por el departamento que dirige Oltra sobre el número de ocasiones en las que se había activado el protocolo de abusos entre junio de 2020 y junio de 2021.

Cifras en las que se incluyen «las atenciones realizadas, que no necesariamente son abusos perpetrados», aunque se trasladan de igual forma a la Fiscalía, y en las que «no hay ningún profesional del sistema de protección implicado», ha aclarado Oltra.

«Se trata en realidad de 175 niños, niñas y adolescentes que han sido derivados y atendidos por un servicio publico especializado» llamado Saanna. Concretamente, 58 son abusos anteriores a la entrada en el centro y 73 son previos a la tutela que se conocieron una vez la víctima entró en el sistema, un proceso «complejo» que se conoce como la «revelación» y que lleva «meses o años».

Del mismo modo, doce atenciones fueron por conductas sexuales «desajustadas o inapropiadas para la edad», seis por posibles abusos en visitas a familiares, 16 por «hechos ocurridos en distintos lugares y entornos, como la casa de la pareja, campamentos o actividades deportivas» y diez por sospechas de abusos entre iguales -menores de edad-.

«Soy responsable última de que estén los protocolos, las instrucciones, de que los profesionales estén formados» para detectar y atender estos hechos. «Pero no soy responsable si alguien comete un abuso sexual », ha defendido Oltra.

Según la consellera, esos datos los proporcionó ella misma el pasado mes de octubre en la Cámara autonómica «sin que nadie le diera ninguna importancia» y existen porque «ahora hay protocolos» de detección que no había antes de 2015. Oltra ha acusado al PP de «tergiversar» una cifras que son fundamentales para prevenir y erradicar una realidad «incómoda» que está «en nuestro entorno» y de acudir al Síndic de Greuges cuando «no hay ningún agravio».

La dirigente de Compromís ha lamentado que a los populares les «dará igual lo que diga» -ya han solicitado una comisión de investigación parlamentaria sobre este asunto- tras la «campaña» de «indecentes calúmnias» contra su figura. «El recorrido de este bulo se acaba hoy», ha zanjado.

Sin embargo, la portavoz de Vox , Ana Vega, ha calificado de «vergüenza» que la vicepresidenta siga en su puesto: «Es indigna de representar a nadie en este Parlamento». «Yo me puedo equivocar, pero no vuelva a decir que he tapado un abuso sexual», ha respondido Oltra a las acusaciones de Vega, a la que ha recordado que no existe «un fallo» judicial que la condene por ese delito.

La síndica del PP , María José Catalá, ha acusado a Oltra de ocultar información y mentir al decir que no había protocolos antes de la llegada al poder de la izquierda. En ese sentido, ha puesto el foco en que sus instrucciones llegaron tras destaparse el caso por el que se condenó a su exmarido -educador en un centro- a cinco años de prisión por abusar de una menor tutelada.

«No peca de ingenua, peca de cínica», ha comentado Catalá. «Usted no es la víctima. Pida perdón» , ha apuntado. Cabe recordar que el PP ha solicitado al Parlamento Europeo que fiscalice la labor de la dirigente de Compromís, un extremo sobre el que Oltra ha ironizado: «Voy a ser la mujer más investigada de España».

Desde Ciudadanos, Ruth Merino también ha recordado la condena al ex de la vicepresidenta para poner en duda la gestión de la consellera por sus «antecedentes». Merino ha incidido en que los tribunales han coincidido en que hubo un «interés por aminorar la responsabilidad de su conselleria» con «informes tendeciosos» que «atacaban» a la víctima «en lugar de protegerla».

Un caso al que sigue una investigación paralela: la Audiencia de Valencia ordenó hace unas semanas reabrir las pesquisas contra cuatro trabajadoras de Igualdad y Políticas Inclusivas para dilucidar si se protegió correctamente a la menor tras denunciar los hechos.

Precisamente, desde el Colegio Oficial de Psicología y el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana han emitido un comunicado defendiendo su compromiso con la lucha contra la violencia infantil, así como la formación y los protocolos de actuación de los profesionales.

«Mostramos nuestro rechazo a la polémica creada en torno a los centros de menores y las acusaciones en las que se pone en tela de juicio el trabajo de los y las profesionales del sistema de protección, creándose una alarma social que en ningún caso beneficia al interés superior de los ninos, las niñas y adolescentes; más bien contribuye a que su situación de vulnerabilidad sea aún mayor», han subrayado.