Investigan a un matrimonio por intentar vender una propiedad que figuraba con orden de demolición parcial

Los investigados, a fin de evitar dichos embargos y procedimientos de apremio, iniciados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, utilizaban una sociedad instrumental que, a pesar de carecer de actividad alguna, era capaz de comprar las propiedades en cuestión, valoradas en más de cuatro millones de euros, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los agentes han podido comprobar y demostrar que la sociedad pantalla utilizada, que fundó el propio investigado, es administrada en el momento en que tienen lugar las compraventas de estas propiedades por un ciudadano de origen búlgaro, que en realidad era el jardinero del matrimonio.

Uno de los investigados llegó incluso a realizar manifestaciones en escritura notarial contrarias a lo dictado en sentencia judicial, utilizando un certificado del Ayuntamiento de Alfás del Pi que corresponde a otra infracción con el objetivo de confeccionar un protocolo notarial de solicitud de cancelación de infracción urbanística.

Una vez confeccionada el acta notarial, el investigado se personó en el Registro de la Propiedad y canceló la anotación de infracción urbanística existente en el mismo, valiéndose de este documento falsificado, la cual fue inscrita por decreto del Ayuntamiento e iniciada por la construcción sin licencia de una vivienda unifamiliar aislada en una parcela de Suelo No Urbanizable de especial protección (Parque Natural de Sierra Helada).

De la investigación realizada y, teniendo en cuenta que el expediente de disciplina urbanística está vigente y pendiente de restauración de la legalidad con orden de demolición , los agentes han descubierto que la finalidad era cancelar la anotación de infracción urbanística para vender dicha vivienda sin carga alguna , estando actualmente a la venta en diferentes páginas web de compraventa de viviendas, por un valor de 30 millones de euros.

Las numerosas diligencias policiales de esta investigación por un supuesto delito de falsedad documental y otro de insolvencia punible (alzamiento de bienes) ya han sido entregadas en el Juzgado de Benidorm. La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Alicante.