Huelga de ambulancias desde el 3 de julio por el «incumplimiento» de la mejora de condiciones

En un comunicado, el sindicato denuncia que la patronal autonómica "incumple" este acuerdo en su punto tercero, sobre el inicio de la negociación de la parte económica del segundo convenio colectivo del sector en la Comunitat, vigente desde 2013, "incluyendo las condiciones y estructura retributiva, tanto salarial como no salarial".

Tras "dilatar por un año la negociación con diferentes excusas", UGT-PV explica que la patronal --en la última reunión celebrada este pasado miércoles, 20 de junio-- presentó una propuesta que "contradice el acuerdo del TAL: pretende rebajar los salarios de los trabajadores y las condiciones laborales recogidas en el convenio, contradiciendo el acuerdo alcanzado en 2017".

De esta forma, la central entiende que la patronal trata de "financiar el despropósito de la licitación sobre las espaldas de los trabajadores, que desde 2013 vienen sufriendo una merma en sus retribuciones, unos horarios que llegan a las 2.600 horas anuales y unas condiciones y cargas de trabajo insostenibles".

"Y en ningún modo reconocen laboralmente la categoría de Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) que exige la administración para optar a la licitación", subrayan desde UGT-PV, en lo que ven como "una vuelta de tuerca más, haciendo desaparecer la antigüedad, y en una suerte de trileros, subir los salarios con porcentajes por debajo del acuerdo nacional".

También denuncian el hecho de que la patronal este "negociando con este sindicato y rebajando las cantidades recibidas por otro, con un diferencial para los trabajadores, por un periodo de cuatro años, que van desde 4.000 euros a 1.800 euros menos".

La organización sindical advierte de que "toda esta situación viene dada por una bajada temeraria de la UTE adjudicataria de la licitación con la Conselleria de Sanidad Universal, que ya redujo sobre la anterior en 24.000.000 euros, y bajo aún más con un 3,58%, lo que supone una reducción de 8.200.000 euros.

A esto "habría que sumar la oferta de la UTE de aumentar en 51 ambulancias con un coste aproximado de unos 26.500.000 euros, lo que supondría un 12% aproximadamente, con lo que superaría ampliamente el límite legal del 10% para catalogarla de temeraria y no ser aceptada".

La licitación, según UGT-PV, además de no recoger cláusulas sociales como se demando a la Conselleria, "implica tener como es lógico un convenio de aplicación en toda la UTE, y no como venían haciendo estas empresas, con lo que incumplirían igualmente el contrato, que se debe poner en marcha el 1 de agosto".

Finalmente, desde la central inciden también en que esta licitación "supone un intrusismo profesional, obligando a los TES a realizar el traslado de enfermos intrahospitalarios, que es competencia del personal celador, e incumpliendo la orden de 1971 del estatuto de personal de los institutos de salud".

"Sumado a la situación de las plantillas de estos trabajadores, supone una privatización encubierta que contrasta con la política de reversión de la Conselleria, de la que no quieren ser partícipes los TES, además de perjudicar la circulación de pacientes, generando esperas en las ambulancias", denuncian.