La Fiscalía avala la decisión del juez de imputar a Mónica Oltra

Según el Ministerio Público, la exposición razonada elevada por el magistrado a la Sala de lo Civil y Penal «realiza una presentación del estado de la investigación y de sus eventuales líneas de progreso -con los problemas, derivados del aforamiento dicho, que estas últimas plantean- que cabe considerar exhaustiva».

Así consta en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, al que ha tenido acceso ABC , en respuesta al recurso presentado por una de las trece personas investigadas en la causa -entre funcionarios, cargos y trabajadores del centro en el que ocurrieron los hechos-, la directora territorial de Igualdad en Valencia, Carmen Fenollosa.

La defensa de Fenollosa criticó que la exposición razonada de 71 páginas -en la que el magistrado realiza un repaso por las actuaciones realizadas por la Generalitat y las dudas por resolver en todo ese periodo- «no se basa en pruebas que permitan cumplir con los requisitos jurisprudencialmente establecidos para que se acuerde la elevación al TSJ de la presente instrucción».

A juicio de los letrados de la, en el momento de los hechos, directora territorial de Castellón, no existen «indicios racionales y sólidos, de un nivel cualificado, de la participación y responsabilidad» de Oltra, «que además vienen a arrastrar» a Fenollosa «a la continuación de la causa ante el TSJ sin la existencia de las adecuadas pruebas».

Algo sobre lo que discrepa el fiscal, que critica que la recurrente «realice valoraciones divergentes con las del instructor a partir de hechos sustancialmente documentados ». No cree, por tanto, que Fenollosa «sufra perjuicio alguno como consecuencia» de esa petición elevada a la Sala, cuando «su situación procesal no ha experimentado mutación alguna a causa del auto recurrido», pues solo se abre la posibilidad a «un simple cambio en el órgano instructor» motivado por el aforamiento de la dirigente de Compromís.

En cualquier caso, sobre si la exposición del titular de Instrucción 15 está o no suficientemente razonada, el portavoz del Ministerio Público cree que no es cuestión que deban valorar las partes , sino la Sala de lo Civil y Penal a quien va dirigida, y pone el foco en «hasta qué punto es lícito recurrir una resolución intrajudicial» que no produce efectos sobre las partes.

La causa tiene su origen en sendas denuncias del abogado de la víctima y líder de España 2000, José Luis Roberto, y la asociación Gobiérna- Te, impulsada por la confundadora de Vox Cristina Seguí. Además, la formación de Santiago Abascal ejerce la acusación popular. Esto ha llevado a Mónica Oltra ha calificar el caso como un «contubernio» y una «cacería política y mediática de la extrema derecha» .

Surge a raíz de la sentencia de la Audiencia de Valencia que condenó al agresor -Luis Eduardo Ramírez, educador del centro Niño Jesús de Valencia en el que ocurrieron los hechos entre 2016 y 2017 - y en la que ya se indicaban indicios de encubrimiento por parte de la Generalitat.