Un cargo de Igualdad recurre la petición del juez al TSJ para imputar a Mónica Oltra: «No basta cualquier sospecha o conjetura»

En un escrito al que ha tenido acceso ABC , la defensa de Fenollosa -una de las trece personas investigadas, entre funcionarios, cargos y trabajadores del centro de menores en el que ocurrieron los hechos- no se queda solo en señalar que su representada no ha cometido «ninguna irregularidad administrativa ni tampoco ningún comportamiento delictivo» y ha colaborado aportando mucha documentación. Del mismo modo, recuerda que en ese momento -entre 2016 y 2017- Fenollosa ejercía en la provincia de Castellón.

Además, defiende la «utilidad» del expediente informativo abierto cuando el caso estaba ya en los tribunales y que el juez ha calificado de «investigación paralela» , ante «la necesidad, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de la gestión administrativa, de conocer las circunstancias de los hechos y las actuaciones administrativas efectuadas» desde que la víctima relató los hechos en febrero hasta que la Fiscalía tuvo conocimiento de los mismo en junio.

Pero el documento va más allá y señala que la exposición razonada -en la que el magistrado realiza un repaso por las actuaciones realizadas por Igualdad y las dudas por resolver en todo ese periodo- «no se basa en pruebas que permitan cumplir con los requisitos jurisprudencialmente establecidos para que se acuerde la elevación al TSJ de la presente instrucción».

A juicio de los letrados de la directora territorial, no existen « indicios racionales y sólidos , de un nivel cualificado, de la participación y responsabilidad» de Mónica Oltra, «que además vienen a arrastrar» a Fenollosa «a la continuación de la causa ante el TSJ sin la existencia de las adecuadas pruebas». En ese sentido, inciden en que ningún investigado ha señalado a la dirigente de Compromís ni existen documentos en los que «se aprecie ninguna orden o instrucción» de la misma.

Así, en referencia a las declaraciones públicas de Oltra en las que ella misma aseguraba que había pedido abrir el expediente informativo, para más tarde, matizar esas afirmaciones, el recurso vuelve a poner en duda el criterio del juez : «No entendemos que se dé respuesta en resoluciones judiciales a comentarios y preguntas que se efectúan en espacios políticos, incluso en sede parlamentaria, y por tanto fuera del ámbito del presente procedimiento».

Por tanto, a su entender, no se cumple la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este tipo de situaciones, al no ser «suficientes las posibilidades, o las alusiones indirectas, ni tampoco basta cualquier sospecha o conjetura ». De hecho, concluyen que no existe en las setenta páginas que el magistrado ha elevado a la Sala de lo Civil y Penal «ningún indicio serio y fundado que represente una imputación clara y concreta, con un claro apoyo probatorio».

El escrito vuelve a corregir al juez para rebatir sus argumentos respecto a la supuesta cadena de errores - «las cosas que parecen "no gustar" al órgano instructor» -, que no son considerados como tal por los investigados. La defensa de Fenollosa incide en que «algunas cosas se hicieron como se venían haciendo desde hacía décadas» en un sistema que se mejoró más tarde y en el que la dirección general «llevaba unos pocos meses de vida y la vicepresidenta poco más de un año en el cargo».

«Se resalta por el instructor que todos ellos eran profesionales con experiencia, y que no tenían ningún interés personal en el asunto, ni respecto de la menor ni del educador, y sin embargo se cuestiona completamente a todo el sistema de protección de menores, y la labor profesional que diariamente vienen realizando estos profesionales desde hace décadas», replica.

«Se comprueba que la mayoría de ellos no se conocían, que no tenían relación entre ellos, y que nadie habló nunca con la vicepresidenta, ni por supuesto con nuestra representada, y que ninguna orden se recibió ni respecto a cómo debían de actuar, ni respecto de cómo tenían que hacer su trabajo, pero se acusa, con evidentes suposiciones carentes de toda prueba, que los errores eran la apariencia de una actuación delictiva orquestada desde fuera y ejecutada colectivamente», añade.

Respecto a la credibilidad que se dio al relato de la menor de entonces 14 años, el documento pone el foco en que el juez cree «claramente probado» que muchas personas sí dieron validez a la versión de la víctima «pero se obvian otros hechos muy relevantes como es la circunstancia que, tras esa primera inicial declaración de la menor, ninguno de los receptores de la comunicación (ni pareja, ni familiares, ni amigos, ni compañeros de residencia) sostuvieron que la creyeran al punto de que ninguno presentó denuncia ».

«Algunos todavía sostienen de forma vehemente que la menor mintió», asevera, para concluir que pasó lo mismo «con profesionales experimentados, tanto de entidades privadas como de la administración, que tras realizar su trabajo de forma totalmente profesional, llegaron a conclusiones que no indicaban precisamente que procedía interponer ninguna denuncia».