La causa por corrupción en la Diputación de Valencia suma seis detenidos y afecta al PSPV y a Compromís

La causa está declarada secreta y en suma seis detenidos. El propio Rodríguez, Gallego, Cuerda, los dos cogerentes y el asesor Manuel Reguard pasarán la noche en los calabozos y serán puestos a disposición judicial previsiblemente el viernes.

El caso se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia y se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.

Estos contratos provocaron denuncias del PP y de Ciudadanos por la cobertura de plazas de alta dirección sin justificación y pese a tener informes en contra, pudiendo incumplir la normativa de acceso al empleo público. La denuncia de Ciudadanos apuntaba a un coste e dos millones y medio de euros que incluía posibles indemnizaciones por cese.

El portavoz de Compromís en la Diputación, Xavier Rius , ha explicado que los contratos investigados se anularon hace seis meses.

Las irregularidades en Divalterra parecen haberse mantenido tras convertirse en la nueva Imelsa para acabar con la imagen de corrupción durante años y que acabaron en los tribunales en múltiples investigaciones. Los contratos de alta dirección ofrecieron sospechas desde el principio y contaron con doce informes en contra al no ajustarse a la ley y considerar que las funciones que se pretendía atribuir a estos trabajadores ya se cubrían con los cargos de cogerentes.

Posteriormente, hubo uno a favor por parte del secretario del Consejo de Administración , un hecho cuestionado por el PP, el cual interpuso una denuncia en 2016. Aunque ésta se archivó, al parecer un funcionario de la casa la usó para llevarla a los tribunales, lo que pudo haber dado inicio a la causa y que posteriormente fue ampliada con más documentación.

Aunque no existe concreción sobre el resto de hechos posiblemente ilegales, uno de ellos podría ser la gestión de la tasa de basuras en el Ayuntamiento de Ontinyent.

En el marco de la llamada «operación Alquería» , agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han practicado esta mañana registros en el departamento de presidencia de la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent y en la sede social de Divalterra.

El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares : la del presidente de la Diputación y portavoz de la Ejecutiva nacional del PSPV-PSOE y las de otros investigados.

En el dispositivo, que se ha activado a las 7.30 horas con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia, según el TSJCV, que añade que la investigación sigue abierta.