Los correos de Imelsa, claves en la operación contra la trama de corrupción en Valencia

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que mantiene abierta una causa bajo secreto de sumario , investiga una trama de corrupción infiltrada en varias Administraciones de la Comunitat, cuyos integrantes se servirían de sus puestos de responsabilidad para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

En el marco de estas actuaciones fueron detenidas este martes 24 personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus ; el exalcalde de Moncada y exvicepresidente de la Diputación , Juan José Medina , y el exacalde de Genovés y exjefe de Gabinete de Rus, Emilio Llopis .

Además, hay 29 investigados ( término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), entre los que se halla el presidente del PP de Valencia y portavoz municipal, Alfonso Novo; el asesor del PP Luis Salom y la secretaria del PP en el Ayuntamiento de Valencia María José Pi.

Fuentes de la institución provincial han indicado a Efe que el pasado agosto el nuevo presidente de la Diputación, el socialista Jorge Rodríguez , encargó una "auditoría forense" a una empresa especializada de Madrid para determinar el alcance penal de todos los correos electrónicos y bases de datos que se encontrasen en los archivos y servidores informáticos de Imelsa.

De esta forma, durante todo un fin de semana se mantuvo cerrada la sede de Imelsa para que los especialistas, en presencia permanente de un notario, escrutaran la empresa pública y extrajeran todo aquello que pudiera inducir alguna sospecha, u n material que fue entregado íntegramente a los investigadores y que, en opinión, del actual gobierno de la Diputación, ha permitido ampliar las pesquisas y acelerar el esclarecimiento de los hechos.

Añaden las fuentes que el equipo de Jorge Rodríguez acordó también facilitar a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación necesaria y el acceso a las cintas de seguridad, "que hasta ese momento habían impedido los responsables políticos de la anterior corporación provincial".

Por otra parte, el presidente de la Diputación ha ordenado a los servicios jurídicos de la institución que estudien la manera de que la corporación provincial pueda personarse en el caso con la intención de recuperar el dinero público del que se haya podido apropiar la trama corrupta.

Resaltan además desde la Diputación de Valencia que se está implantando, " por primera vez en las empresas públicas ", un sistema destinado a evitar la comisión de delitos, un método que ha encontrado amparo en la última reforma penal de 2015.

Este sistema, denominado Corporate complice, incorpora un mecanismo de denuncias anónimas con el fin de evitar que el miedo a represalias impida la colaboración de empleados en la lucha contra la corrupción.