El TC anula la ley valenciana que priorizaba la custodia compartida de los hijos de padres separados

El TC la suspendió cautelarmente cuando admitió a trámite el recurso del Gobierno , pero más adelante levantó la suspensión, por lo que la norma ahora anulada ha estado en vigor desde noviembre de 2011.

La sentencia de hoy, a la que ha tenido acceso EFE, señala que "nuestro pronunciamiento de inconstitucionalidad no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas" .

"Este Tribunal entiende que las decisiones adoptadas por los órganos judiciales durante la vigencia de la norma que ahora se declara inconstitucional, en relación a la fijación de un determinado régimen de guardia y custodia para los hijos menores", se tomaron teniendo en cuenta el principio del mejor beneficio para los niños afectados, dictamina el TC.

El argumento central del Gobierno para recurrir se centraba en que la ley excede las competencias para la conservación, modificación y desarrollo del derecho civil propio previstas en el Estatuto valenciano. Ahora el tribunal de garantías le ha dado la razón.

En su recurso, el abogado del Estado repite la argumentación que ya empleó contra la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano y contra la Ley Valenciana de Uniones de Hecho , que ya fueron anuladas por el TC.

También en este caso, como sucedió en las otras resoluciones citadas, se falla la sentencia con el voto particular contrario al de la mayoría del magistrado Juan Antonio Xiol Ríos .

El Gobierno central defiende que las comunidades autónomas sin derecho foral compilado sólo tienen competencia para legislar en el caso de que se trate de costumbres derivadas de los antiguos fueros que hayan subsistido.

En ese sentido, el ejecutivo defiende que, al igual que sucedió con el régimen económico matrimonial o las uniones de hecho, tampoco hay antecedentes respecto a la custodia compartida que se hayan mantenido en el tiempo y que por esa razón justifiquen que se apruebe una ley distinta en la Comunitat Valenciana, decía el recurso.

El Constitucional acepta esta argumentación e insiste en su jurisprudencia, de acuerdo a la cual el derecho consuetudinario que podría justificar una normativa civil propia (dentro de los límites de la Constitución) debe estar en vigor desde antes de la Constitución y seguirlo en el momento de aprobar ésta.

" A la vista de las circunstancias concurrentes y de las razones expuestas , hemos de concluir que no se ha aportado prueba que permita apreciar la concurrencia de los requisitos" que la Constitución exige, concluye el TC.