El Consell, tras afirmar Hacienda que no obligó a los recortes: «Hemos hecho lo que teníamos que hacer»

Desde el departamento que dirige Vicent Soler recuerdan que, según el decreto-ley de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales, para adherirse a ese mecanismo, el Ejecutivo autonómico debe «presentar y acordar con el Ministerio de Hacienda un plan de ajuste, o una revisión del que ya tuviera en vigor, consistente con los objetivos de estabilidad y de deuda pública y con el plan económico-financiero o el plan de reequilibrio que, en su caso, hubiera presentado». «Si la Comunidad Autónoma ya tuviera aprobado un plan de ajuste, como consecuencia del acceso a otros mecanismos adicionales establecidos por el Estado (...), deberán acordarse con el Ministerio de Hacienda las modificaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de los nuevos compromisos adquiridos», establece.

Encaminado a todo ello, el Gobierno valenciano acordó el pasado marzo someterse a todos los condicionantes del acceso al «extra FLA», recuerdan desde la Conselleria. Compromís, por su parte, aduce el mismo decreto-ley y reitera que el plan de ajuste que tenían que presentar se ha realizado, en este caso, mediante retenciones de crédito.

El discurso que mantienen las dos administraciones difiere. Ximo Puig mantuvo un encuentro el pasado septiembre con la ministra María Jesús Montero en el que, según informó, el Gobierno central se comprometía a aliviar de forma momentánea la tesorería con un adelanto de ese mecanismo de unos 250 millones de euros (que finalmente han sido 365, el equivalente a la cifra de los ajustes).

El envío de esa cantidad, aseguró, estaba condicionado a la presentación ahora de un Plan Económico Financiero (PEF) que incluyera recortes. Sin embargo, Hacienda niega que los exigiera dentro de ese documento .

Es de suponer que el Ministerio no habría tolerado el déficit de la Comunidad Valenciana y que el plan de ajuste debía contar con medidas correctivas para ser aprobado, por lo que resulta complicado que el Gobierno autonómico tuviera otra opción alternativa a la de los recortes en este momento. Lo que no agrada a Madrid, al parecer, es que la culpa se centre exclusivamente allí .

Durante las últimas semanas, los principales cargos del Ejecutivo autonómico conformado por PSPV-PSOE, Compromís y Podemos-Esquerra Unida han repetido de forma casi constante que el Gobierno central les «obligaba» a llevar a cabo los recortes. Una acusación que estos últimos, por lo tanto, rechazan.

La líder del PPCV, Isabel Bonig, ha criticado lo ocurrido en Almassora, durante el inicio de una gira que el partido ha denominado como el «tour de les retallades»: «Tenemos un presidente que miente, que no nos merecemos los valencianos. Dice que hay recortes de 400 millones de euros porque lo exigía Hacienda, pero el propio Ministerio dice que no ha exigido ningún recorte. O miente Sánchez o lo hace Puig, pero lo cierto es que la gente sufre recortes y el presidente debería tener un poco de vergüenza y salir a explicar a quién afectan».