Condenan a un hombre a pagar 3.000 euros a su exmujer por ocultarle su orientación sexual

La sentencia del juzgado de primera instancia número 9 de Valencia, emitida este lunes, obliga a un hombre a pagar mil euros a su exmujer por cada año de matrimonio y declara la nulidad del enlace, tal como había solicitado la mujer en su demanda .

El texto indica que el condenado confesó su orientación sexual a su expareja cinco años después de su separación tras participar en un curso de autoconocimiento sexual y relaciones.

Sin embargo, tres años después, en 2019, la mujer se enteró en una cena con amigos de que su exmarido había tenido relaciones homosexuales antes, durante y después de su matrimonio.

La jueza considera que el acusado ocultó a la que iba a ser su esposa «una cualidad personal esencial », pero añade que eso no prueba que lo hiciera con «la mala fe que se le imputa para enmascarar su homosexualidad», ni que contrajera matrimonio como mera pantalla social.

Para la presidenta de FELGTB, Uge Sangil , «se ha juzgado públicamente la orientación sexual de una persona, lo que ya en sí mismo constituye un acto inconstitucional».

Pero, además -añade- «la sentencia lanza el mensaje a la sociedad de que cualquiera que tenga una vida sexual fuera de la normatividad puede ser juzgado y condenado».

Asimismo, la FELGTB pone de manifiesto el desconocimiento en relación a las realidades LGTBI de los jueces que han llevado el caso, ya que asegura que el acusado se ha declarado abiertamente bisexual, mientras la sentencia habla de homosexualidad.

«Se trata de una sentencia completamente bifóbica que niega directamente la existencia de la bisexualidad al ni siquiera considerarla una opción», denuncia Sangil.

En este sentido, la presidenta recuerda la importancia de la aprobación urgente de la Ley Integral Trans y de Igualdad Social y No Discriminación de las personas LGTBI para garantizar la formación de la judicatura en materia LGTBI y que se eviten sentencias motivadas por el desconocimiento.

Sangil alerta de que esta resolución abre la posibilidad de «volver a motivar los divorcios fiscalizando el comportamiento sexual previo y posterior de las personas implicadas» y advierte de que «estamos ante una sentencia más religiosa que civil que considera la orientación sexual no normativa como fuente de sanción legal».

«Esto sienta un precedente que no solo atenta contra los derechos de las personas LGTBI, sino también de las heterosexuales, ya que posibilita la entrada del sistema judicial a ámbitos privados de una forma intolerable», asegura.