El juez rechaza la petición de archivo de concejales y asesores investigados por blanqueo

La petición se producía después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) archivara provisionalmente la causa abierta al diputado autonómico del PP Miguel Domínguez la pasada semana al existir una «insuficiencia de indicios» para acreditar su participación en el supuesto blanqueo de 50.000 euros mediante la entrega de 1.000 euros y su devolución en dos billetes de 500 de procedencia ilícita.

Concretamente, se trataba de los ediles Francisco Lledó, María Jesús Puchalt, Vicente Igual y Cristóbal Grau. También se unieron los asesores y exasesores Luis Salom, Julio Valero, Visi Boquer, Carlos Andrés López y Marisan Martín.

El juez deniega la solicitud debido a varias razones. La primera, que ésta todavía sigue siendo prematura porque «lo deseable es que la decisión entre sobreseimiento y continuación del proceso se tome al fin de la instrucción». En este sentido, apunta que, aunque no resulta cómodo que varios tribunales lleven investigaciones paralelas puesto que afectaban a aforados -como era el caso de Domínguez en el TSJCV o el de Rita Barberá en el Supremo-, la causa del diputado autonómico únicamente queda en suspenso hasta que se determine un pronunciamiento respecto a la posible procedencia ilícita del dinero.

La instrucción, recuerda el magistrado, no se encuentra, por tanto, concluida. «La afirmación de que está finalizada por parte de algunos recurrentes constituye más que un error de valoración, un argumento sugestivo . Lo que efectivamente está, puede decirse, instruido, es la mecánica del llamado 'pitufeo' (la recaudación y la supuesta devolución del dinero aportado). Poco más se va a poder alcanzar aquí al respecto, lo que yo no cuestiono», señala en el auto.

Pero el delito de blanqueo, incide, es «algo más». «Lo que está en curso de investigación, en una pieza secreta , son hechos relativos precisamente a la posible procedencia delictiva del dinero blanqueado o de la fuente de recursos económicos clandestinos, ilícitos y de posible origen criminal de donde salieron esos 50.000 euros», comenta. El delito antecedente o la actividad delictiva previa, añade, «no es sino un elemento integrante más del delito de blanqueo , lo que parece que algunas partes no quieren asumir».

En este punto, aclara: «Aquí no se están investigando 49 delitos de blanqueo de capitales, sino un solo delito de blanqueo de 50.000 euros en el que a 49 personas se les puede atribuir, de momento, indicios racionales de posible participación en su comisión».

El juez critica las actitudes de las defensas de los ediles. Algunas de ellas, en su opinión, están tratando de dar «un valor excluyente, definitivo, que no procede aquí, al hecho de que no se haya podido demostrar, positivamente, respecto de sus patrocinados, ni el supuesto conocimiento de la finalidad delictiva de esta aportación ni el reintegro ni el ingreso en su cuenta». Pero «no debemos olvidar», insiste en su escrito, «que la dinámina comisiva del delito de blanqueo conlleva, precisamente, las notas de opacidad y de ocultación de la suma reintegrada, de inactividad simuladora, en suma, que son consustanciales al tipo».

El magistrado Víctor Gómez también matiza el argumento de las defensas sobre que el pronunciamiento del TSJCV contradice sus decisiones durante la instrucción. Para ello se remite al auto de sobreseimiento provisional de Miguel Domínguez en el que se hacía especial hincapié en que éste no sólo no supone la inexistencia de los hechos investigados -los cuales tienen «apariencia delictiva»-, sino que es «plausible» el operativo de presunto blanqueo de capitales. Por este motivo, exponía la magistrada Pía Calderón en el escrito, la causa podría reabrirse si apareciesen nuevos elementos consistentes que desvirtuasen las razones en las que se basa el archivo.

Ese sobreseimiento, comenta el juez, «en modo alguno cuestiona o plantea contradicción o incoherencia con lo aquí actuado» .