Caso Taula: las luchas internas en Ciegsa para controlar las «mordidas»

Así consta en el sumario del caso Taula, que investiga el supuesto amaño de contratos para la obtención de comisiones ilegales por parte de los miembros de la trama, entre ellos el propio Caturla , el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y el exgerente de Imelsa Marcos Benavent .

Uno de estos extrabajadores (responsable de la división técnica de Ciegsa entre el año 2000 y 2005) aseguró ante los agentes que fue despedido por el que fuera secretario autonómico de Educación, a quien señala como responsable de toda esta estrategia, tras negarse a incrementar el coste de una obra adjudicada a Sedesa , la firma de Vicente Cotino.

El proceso de adjudicación de centros escolares en Ciegsa se basaba hasta el momento en baremos que realizaban los técnicos del departamento de proyectos. «El gerente proponía el adjudicatario y, posteriormente, el consejo se reunía cada vez que había que aprobar una licitación para decidir sobre la misma», explicó este testigo.

Pero con la llegada de Caturla cambió. Una de las modificaciones principales fue la licitación por lotes , de modo que las empresas que concurrían tenían que disponer de gran capacidad financiera, «impidiendo por tanto la concurrencia de determinadas empresas pequeñas».

No fue la única decisión polémica. En diciembre de 2003, Caturla propuso cambios en el organigrama de Ciegsa que afectaron fundamentalmente a la división técnica para dividirla en dos: una dedicada a la contratación y otra a proyectos y obras, de modo que este testigo dejó de tener control sobre las adjudicaciones. La persona designada como responsable del área de contratación fue un arquitecto que también trabajó posteriormente para Imelsa y que ahora se encuentra imputado.

Hubo una reunión clave en enero de 2004 en la que se transmitieron todos estos planes. Allí se anunció una nueva dirección ejecutiva en la empresa pública y cambios en los pliegos para favorecer a constructoras valencianas. Caturla se atribuyó el cometido de comunicar las adjudicaciones a las empresas y, según las anotaciones personales de este testigo, dijo: «Aquí manda el conseller -entonces Esteban González Pons- y el conseller hace lo que le sale de los cojones, y si alguien no está de acuerdo dimite y se le da un cheque y en paz».

El extrabajador también relata enfrentamientos con el que fuera secretario autonómico de Educación. En una ocasión, comenta, le reprochó que una indicación suya contradecía directrices contenidas en un informe de la dirección de Régimen Económico. Éste le pidió que le acercase ese informe y, sin leerlo, lo rompió ante varias personas haciendo comentarios relativos a la poca importancia que concedía al mismo.

Sobre su despido, indicó que Caturla le llamó al despacho para decirle que había perdido su confianza en él, una decisión que relaciona con el hecho de que, un día antes, en una reunión con él y con Vicente Cotino (Sedesa), le pidieron que «tenía que incrementar el precio de una adjudicación de un lote en unos 600.000 euros », a lo que se negó porque «esta empresa ya llevaba seis meses de retraso en el inicio de las obras contratadas».

Los cambios en el organigrama de Ciega en 2004 también fueron mencionados por otro testigo que fue asesor de González Pons antes de la llegada de Alejandro Font de Mora. Según su relato, estas modificaciones se produjeron por las fuertes disputas entre Alejandro Bañares y Máximo Caturla para estar en el Consejo de Administración de la empresa, cuyos intereses eran contrapuestos: el primero quería mantener al equipo técnico que había hasta el momento y el segundo pretendía cambiarlo.

Este testigo indicó que transmitió a González Pons su parecer sobre que la reesctructuración era un error debido a que se trataba de incorporar a una persona sin experiencia cuando había otro candidato con un extenso currículum. Finalmente, añadió, la decisión tomada fue la pretendida por Caturla y, desde entonces, se cambia a la persona que realiza las baremaciones para las adjudicaciones.

Ciegsa es una de las piezas clave en la investigación del caso Taula. La empresa pública se habría estado utilizando, según la Guardia Civil, para financiar tanto al PP a nivel regional como a nivel provincial, además de para el «enriquecimiento personal» de determinados cargos públicos, lo que provocó sobrecostes.

Los agentes sostiene la «total discrecionalidad» de las adjudicaciones, «condicionadas por el interés recaudatorio y las influencias de terceras personas», de las que se habrían podido estar obteniendo comisiones ilegales de entre el 2 y el 3%.