El caso Taula destapa una red de «cajas B» para financiar al PP

El juez instructor, Víctor Gómez, levantó ayer la pieza principal de la que es considerada como la mayor operación contra la corrupción en la Comunidad Valenciana que investiga los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. El sumario, de 18 tomos y cerca de 30.000 folios, ha generado gran inquietud entre los populares, que este jueves han mantenido una reunión para analizar las implicaciones reales de algunos cargos del partido (como el presidente provincial, Vicente Betoret), además de para tratar la situación de los concejales del Ayuntamiento de Valencia después de que Rita Barberá se diera de baja en el partido sin dejar su escaño.

Según uno de los informes más relevantes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso ABC, el autobautizado como «yonki del dinero» señala directamente a varios políticos participantes, en mayor o menor grado, en esta trama que habría servido en parte para financiar al PP provincial . Supuestamente, él actuaba como «recaudador» con empresarios a quienes pedía dinero una vez se decidían las adjudicaciones por las administraciones competentes –acordando un porcentaje de entre el 2 y el 3% que recibía en metálico– para posteriormente dárselo al expresidente de la Diputación Alfonso Rus ; a su ex jefe de Gabinete, Emilio Llopis ; al ex vicepresidente segundo de la Diputación y exconsejero delegado de la empresa pública Ciegsa Máximo Caturla y al exvicepresidente de la corporación Juan José Medina .

Benavent –que trabajó así entre 2003 y 2007– detalló ante los agentes que entregaba estas cantidades «en bolsas» durante las comidas en las que se reunían en restaurantes como Pilsener. Aunque no lo apunta como participante directo, llega a afirmar que el actual presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Betoret, era conocedor del cobro de las comisiones ilegales y sabía «sin duda» de las entregas y de su origen. Aun así, matizó ante el juez que nunca le había entregado dinero y no recordaba si Rus le dio algún sobre.

Especialmente llamativo es el caso de Ciegsa , la empresa pública dedicada a la construcción de centros educativos. Ésta se habría estado utilizando para financiar tanto al PP a nivel regional como a nivel provincial, además de para el «enriquecimiento personal» de determinados cargos públicos, lo que provocó sobrecostes.

La UCO sostiene la «total discrecionalidad» a la hora de decidir las adjudicaciones, «condicionadas por el interés recaudatorio y las influencias de terceras personas». Los agentes apuntan sobre todo a Rus y a Caturla, consejero delegado en esa época de Ciegsa. En el caso de este último, considera que en él «convergerían» los intereses de altos cargos de la Generalitat, como el director de Régimen Económico de Educación, Alejandro Bañares ; el exconseller de ese departamento, Alejandro Font de Mora ; el exconseller de Economía, Gerardo Camps y el exvicepresidente, Víctor Campos –quienes habrían sido las personas encargadas de «controlar las grandes adjudicaciones y gestionar el dinero B del partido»–, y el propio expresidente del Consell, Francisco Camps , que «tendría conocimiento en gran parte de los hechos».

En las conversaciones telefónicas entre Benavent y Máximo Caturla, este último deja entrever presiones ejercidas por distintas personas con el objetivo de hacerse con el control de las adjudicaciones , generando en él «cierto conflicto de intereses a la hora de decidirlas». Se trataría de pugnas en el PP que vendrían, por un lado, de Alfonso Rus y, por otro, de cargos de la Generalitat a los que Caturla tendría que obedecer (los nombrados anteriormente). «Aquí el presidente marca el criterio que tiene que funcionar para todos o aquí va a haber una guerra de laterales», resume.

La Guardia Civil concluye así que «los superiores de Caturla en la Generalitat tendrían conocimiento de que desde Ciegsa se estaría financiando el Partido Popular provincial », aunque también «podría existir una estrategia de recaudación de dinero en el seno del Partido Popular autonómico».

Los señalados a lo largo del sumario niegan su implicación en estos hechos . Betoret ha asegurado que son «absolutamente falsos» porque nunca ha participado en ninguna actividad ilícita, irregular o ilegal o ha tenido conocimiento de su existencia. Mientras, Camps ha amenazado con querellarse contra quien le implique y ha desmentido las acusaciones: «Ni contratos, ni favores, ni cajas B, ni financiación irregular, ni cobros, ni conexión con la sede nacional del PP». Por su parte, Font de Mora ha comentado que nunca ha consentido «ningún tipo de ilegalidad» y que a lo largo de las «múltiples reuniones» que ha mantenido con empresas que realizan obra pública educativa, promovió una «a nivel multitudinario» para pedir que «si en algún momento se recibía algún tipo de petición de dinero manifiestamente ilegal», se le dijera y él «tomaría medidas».