El cardenal Cañizares, al PSPV: «Nada de lo que ustedes afirman sobre mí es cierto»

Este colectivo ha presentado este jueves una denuncia contra el cardenal en los juzgados de Valencia.

La carta, de la que se ha enviado copia por parte del Arzobispado a los portavoces de los demás grupos parlamentarios, es la siguiente:

«Estimadas Señorías:

A lo largo de la historia, desde el Siglo IV hasta hoy, esta Archidiócesis ha significado la unidad de todos los valencianos y todos mis antecesores como yo, hemos defendido a esta Comunidad, a Valencia, desde la búsqueda del bien común reivindicando la libertad y la independencia del poder político, con la necesaria cooperación con las autoridades civiles en todo lo que sea necesario para el bien de esta tierra y de España.

He tenido conocimiento, por su reciente rueda de prensa en las Cortes Valencianas, de su intención de instar a todos los grupos parlamentarios a que se sumen a la iniciativa que pretende la pública reprobación de mi persona en las Cortes Valencianas.

Quisiera recordarles que esa es la institución de la Generalitat Valenciana que representa al pueblo valenciano, y desde la condición de Sindic y Diputada, -respectivamente- que ustedes ostentan, no resulta especialmente meritorio instar una iniciativa de este tipo basada en hechos falsos que se toman como verdad de forma imprudente.

Me gustaría invitarles a que, antes de tomar una decisión como esta, puedan contrastar la información sobre la que van a basar sus actuaciones como representantes de los ciudadanos, que no se queden en un mero titular cuando lo que pretenden es llevar a cabo una actuación para descalificarme.

Es verdad que desde sus aforamientos personales, por el hecho de su condición de Diputados de las Cortes de Valencia, ostentan una posición jurídica de inmunidad, pero esa condición no les da derecho a faltar a verdad imputándome afirmaciones que no han sido realizadas por mí.

No tengo por menos que lamentar públicamente sus declaraciones, pues los hechos que señalan no son ciertos, y en este sentido les rogaría que rectificasen.

Me imputan, entre otras cosas, de: “ser el líder de la oposición; estar realizando un permanente llamamiento a la insumisión en contra de las leyes de violencia de género; estar en contra de la igualdad entre hombres y mujeres; dirigir “como títeres” algunas de las escuelas de la concertada, y la injerencia permanente en la política”.

Bien, nada de lo que ustedes afirman es cierto, nadie, repito, nadie como la Iglesia Católica desde todos los medios que tenemos en el Arzobispado de Valencia nos hemos entregado a la protección de la mujer y más aún de la maltratada y a la lucha contra la lacra execrable de la violencia machista. No sólo desde CARITAS, sino también desde otras instituciones de acción social que dispone la Archidiócesis se trabaja sin descanso, en muchas ocasiones conjuntamente con la Generalitat y los Ayuntamientos, como ustedes conocen perfectamente.

Respecto a la aconfesionalidad, en la Iglesia Católica, desde el Concilio Vaticano II, la entendemos como laicidad positiva, con la separación Iglesia-Estado, pero no dándonos la espalda entre ambas potestades o reduciendo la libertad religiosa al ámbito de lo privado. Como saben, el laicismo, es decir, que lo religioso no tenga presencia pública, es la fórmula que algunos pretenden imponer en su relaciones con las Iglesias y Confesiones Religiosas. Esta interpretación es un grave error, puesto que va contra la Constitución y la situación que se vive en la inmensa mayoría de los países europeos de nuestro entorno. Sin embargo, pese a la idea que tengan algunos de “lo religioso”, las puertas de la Iglesia Católica están siempre abiertas para todos, y el respeto y la colaboración con las diferentes autoridades civiles es una máxima que siempre he mantenido y mantendré.

Tengo que decirles que confunden ustedes la “lacra de la violencia de género” con la “ideología de género”. Contra esa “ideología de género” si estoy en contra. Mantengo una posición conforme a Derecho, que supongo se puede exponer libremente en un país democrático que ampara la objeción de conciencia cuando determinadas normas afectan gravemente a la condición humana. En este sentido, se han expresado los Tribunales de Justicia españoles cuando han tenido ocasión de juzgar asuntos de colisión de derechos en este ámbito.

A los católicos nos gustaría ver defendida por nuestros representantes políticos esta posición que respeta los derechos humanos, y por ello, me permito reproducir las palabras que escribió al respecto, hace ya algunos años, el entonces Cardenal Ratzinger, antes de ser elegido como Sumo Pontífice Benedicto XVI: “La ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Con el ateísmo, el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior que le dice algo sobre la verdad de sí mismo, sobre lo bueno y sobre lo malo. Con el materialismo, el hombre moderno intentó negar sus propias exigencias y su propia libertad, que nacen de su condición espiritual. Ahora, con la ideología de género el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo: se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo; una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un dios para sí mismo”.

Aprovecho esta oportunidad para decirles que, también, estamos en contra de las medidas que, en materia de enseñanza y educación, limiten derechos e impongan una única visión en contra de los derechos de las familias, de los estudiantes –incluidos los universitarios-, y de los que carecen de medios económicos suficientes limitando o suprimiendo becas. En esta materia no cabe otro camino que el cumplimiento de la ley nacional e internacional que reconoce el derecho de los padres a decidir sobre la formación y la educación de sus hijos, así como al escrupuloso respeto al principio de igualdad de todos los alumnos, con independencia del centro –público o privado- donde libremente cursen sus estudios. Es decir, no es constitucional diferenciar a los estudiantes en base a recursos económicos o a la titularidad –pública o privada- del centro donde estudian.

En este sentido, defiendo tanto la enseñanza concertada, como la pública conviviendo juntas y en armonía, haciéndose mejores y complementarias, pero no propugnando políticas que llevarían a cerrar centros escolares y dejar sin trabajo a los profesionales, que tan dignamente realizan su labor desde hace años y privando a las familias de su derecho a decidir sobre la educación que deseen para sus hijos.

Perdono como Jesucristo, que es nuestro ejemplo y fin, cualquier malentendido que haya podido producirse. Sin embargo, para que no quede ninguna duda sobre las ideas que realmente, sin ningún tipo de error imprudente, puedan potencialmente llevarme a ser reprobado en la institución de la Generalitat que representa al pueblo valenciano, y a mí como hijo de esa tierra, les dirijo esta carta abierta, para que continúen expresándose con entera libertad, pero con verdad y que de mis palabras escritas, no tengan que interpretar sino simplemente conocer mi opinión.

Rezo por ustedes, como por todos nuestros representantes políticos, para que Dios les de fuerza y acierto en su trabajo constantemente. Cordialmente, en Cristo Jesús».