Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos, recaudaba las donaciones para el PP de Valencia

El titular del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha imputado a 50 concejales, miembros de la lista, exconcejales, asesores y exasesores del PP de Valencia por participar supuestamente en el blanqueo de 50.000 euros procedentes de presuntas comisiones por adjudicaciones. Los imputados aportaban 1.000 euros mediante donación -que se reflejaba en la contabilidad oficial del PP- y los recuperaban después en un sobre con dos billetes de 500, según la Guardia Civil.

Las donaciones se realizaban en algunos casos mediante transferencia bancaria . En concreto, una de ellas, correspondiente a un edil del Consistorio que en la actualidad ocupa un escaño en las Cortes Valencianas, quedó reflejada a finales de enero de 2015 , cuatro meses antes de las elecciones. Un momento en el que Grau todavía era concejal y se encargaba de gestionar los ingresos.

Los tres exasesores que, ante la Guardia Civil, han declarado que se negaron a aportar la citada cantidad porque veían algo «turbio» proceden del entorno de Grau, que ya había quedado apeado de la lista cuando comenzó la campaña. Otros investigados, como el exconcejal Juan Vicente Jurado, han declarado, en cambio, que era el entonces vicealcalde quien «movía los hilos».

Grau está casado con la exconcejal y exasesora María José Alcón , una de las detenidas la semana pasada que ha quedado en libertad tras aportar una fianza civil de 150.000 euros . Alcón tuvo que dimitir como asesora - también fue «depurada» en las candidaturas - a raíz de publicarse unas conversaciones sobre el caso Imelsa -germen de la operación Taula- que la implicaban en las supuestas irregularidades .

Al margen de las donaciones para la campaña, cada edil del PP aporta mensualmente 60 euros para financiar al partido , según las fuentes consultadas. Una cantidad que queda muy lejos de los alrededor de 400 euros que aportan los ediles socialistas.

Mientras, hoy empezarán a desfilar por el juzgado los concejales imputados , con el presidente local y portavoz municipal, Alfonso Novo , a la cabeza. Anoche ya prestó declaración una de las asesoras investigadas, que se ratificó en su declaración ante la UCO.

La dirección regional ha decidido aplazar las medidas disciplinarias -la suspensión de militancia- hasta el 18 de febrero, cuando todos los investigados habrán declarado ya ante el juez. En ese momento, todos los que mantengan la condición de imputados serán suspendidos de militancia, aun a riesgo de que el PP solo conserve -si no renuncian al acta- un solo concejal en su grupo, el independiente Eusebio Monzó, que no realizó donaciones al partido y no está siendo investigado. En paralelo, se procederá a designar la gestora que debe refundar el PP local , al frente de la cual se perfila precisamente el suplente de Rita Barberá en el Senado , Antonio Clemente (exsecretario general del PPCV).

Al mismo tiempo, la dirección regional se plantea convocar un congreso «extraordinario y refundacional» , según fuentes del partido. La intención de su presidenta, Isabel Bonig, es marcar una división temporal entre los casos de corrupción y «un nuevo PP valenciano» que debería, además, encarnar un espíritu «valencianista».