Alfonso Grau: la mano derecha de Rita Barberá supera su primer proceso judicial

Grau estaba acusado de los delitos de prevaricación administrativa, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias en relación con la contratación del instituto Nóos a través de la Fundación Turismo de Valencia Convention Bureau , que él presidía, y se enfrentaba una petición de condena de 11 años de cárcel.

Tanto él como el resto de valencianos acusados pidieron la absolución en el juicio al entender que no había ilegalidad en los acuerdos alcanzados con el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin y Diego Torres -al acogerse a la fórmula del patrocinio-, y defendieron que en todos los casos fueron avalados por informes técnicos y jurídicos. La Audiencia de Palma les exime en el fallo de la sentencia de todos los delitos «con todos los pronunciamientos favorables».

Grau supera así la primera causa en la que se encontraba inmerso y se encuentra pendiente de otras dos. Nóos, sin embargo, supuso el final de su carrera política. Sonora era su enemistad con Barberá en los últimos tiempos. Que acabara apartado por este caso se sumó al hecho de que su mujer, la exconcejal de Cultura María José Alcón, no fuera incluida en puestos altos de la lista electoral para las pasadas elecciones municipales (ocupó el 16 cuando la previsión eran 13 concejales).

A Grau no le sentó nada bien la decisión y se enfrentó a Barberá por esta cuestión, a quien le llegó a decir que «en esta familia el cupo de castigar a inocentes para salvar a responsables te lo hemos cubierto».

El caso Taula fue, de este modo, el detonante de que también se apartara a su esposa, quien aparecía en grabaciones con el «yonki» del dinero Marcos Benavent contando billetes de supuestas comisiones mediante el amaño de contratos públicos.

Unos meses después también fue él quien se vio salpicado por la pieza relativa al presunto blanqueo de capitales de 50.000 euros –a través de donaciones de mil euros que luego habrían sido devueltas en billetes de 500– en el seno del grupo popular en el Consistorio. Concretamente, en la ampliación de la investigación a un supuesto delito electoral ( financiación irregular ) cometido en Valencia durante los comicios municipales de 2011 y 2015.

El magistrado entiende que se desprenden indicios de que, a través de la cuenta del opaca que se manejaba en el grupo municipal popular en la que se ingresaban las cantidades –carente de fiscalización–, se efectuaron pagos para las campañas de 2011 y 2015, cometiendo una infracción tanto de la ley de financiación de partidos como de régimen electoral. Es decir, que el blanqueo sería el precedente instrumental necesario (recaudación y afloramiento del dinero negro) en la comisión del delito electoral.

El juez citó a Grau como imputado por su responsabilidad al frente del comité de campaña durante la época de estos hechos. Durante su declaración, se desvinculó de los gastos de las campañas , además de asegurar que no firmó nada (pese a que figuraba como autorizado en la supuesta cuenta opaca del grupo municipal), que no realizó ninguno de los pagos y que daba por hecho que todos ellos eran legales. Igualmente, apuntó al comité electoral como el responsable de los contratos.

Con la condena de Nóos superada, el temor sobre su papel en la invesigación de delito electoral parece que se rebaja. El miedo entre un sector de los imputados era que si se veía contra las cuerdas debido a una pena de prisión podía relatar pormenores del Ayuntamiento y de sus concejales y asesores , al ser conocedor de todo lo sucedido dentro.

Aun así, a estas dos causas había que sumar una tercera por cohecho y blanqueo de capitales . Este caso, que propició la detención de Grau y la de un empresario del sector del transporte y contratista del Ayuntamiento en febrero de 2016, nació a raíz de una investigación de la Agencia Tributaria.

Hacienda puso en conocimiento de la Guardia Civil determinadas operaciones económicas realizadas por Grau que podrían ser constitutivas de un delito de blanqueo de capitales.

Al parecer, el empresario Urbano Catalán, responsable del Grupo Transvía, le habría regalado varios relojes de lujo , que posteriormente éste habría cambiado por otros de mayor valor, pagando la diferencia en efectivo.

La Fiscalía Anticorrupción pidió en enero su procesamiento, pero la juez decidió seguir adelante acordando nuevas diligencias.