El alcalde de Alicante declara ante el fiscal por despedir a la cuñada de un edil del PP

Con posterioridad, el teniente fiscal de la provincia, José Llor, encargado de las pesquisas, deberá archivar el caso o remitirlo a los juzgados de Instrucción para que se abra la correspondiente causa penal, en el caso de apreciar indicios de criminalidad.

El estatuto del Ministerio Fiscal establece un plazo máximo de seis meses, desde la fecha de incoación de las diligencias de investigación, para tomar esa decisión.

El primer edil deberá presentarse con abogado a partir de las 10 horas de mañana en la sede de la fiscalía que alberga el edificio de la Audiencia Provincial de Alicante, situado justo frente al ayuntamiento.

Como cualquier investigado, Echávarri, que también es letrado de profesión, será informado de su derecho a no declarar, a contestar solo a algunas preguntas y a no decir la verdad.

El interrogatorio se desarrollará, según las fuentes consultadas, en el mismo despacho del fiscal con la asistencia de ambas partes y del abogado defensor del segundo investigado en estas diligencias, el concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, también socialista.

Esta investigación contra el alcalde se suma a la que dirige la juez María Luisa Carrascosa por el supuesto fraccionamiento de 25 contratos en la concejalía de Comercio por un importe cercano a los 190.000 euros.

Echávarri y dos asesores suyos, Eduardo Díez y Pedro de Gea , declararon por esos hechos el pasado 6 de octubre como investigados (antes imputados), y todos ellos negaron haber incurrido en un delito de prevaricación.

El interrogatorio de mañana se centrará en el despido de la técnica interina de la concejalía de Cultura Catalina Rodríguez, que es cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala.

Su cese se produjo en abril, días después de que Barcala denunciase al alcalde ante la Fiscalía Anticorrupción por los contratos de Comercio que ahora investiga el juzgado de Instrucción 9 de Alicante.

Echávarri asumió ese despido como una decisión propia en las redes sociales, aunque unas semanas después, en mayo, la concejalía de Recursos Humanos revocó la medida y readmitió a la empleada a instancias del pleno de la corporación.