El chantaje de Puigdemont se cuela en los corrillos de la apertura del año judicial

En una anómala situación de bicefalia, pero con total sintonía entre ambos, los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Marín Castán y Vicente Guilarte, compartieron buena parte de la mañana con una nutrida representación del mundo judicial y jurídico -presidentes de Sala y magistrados del propio TS y de tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales, vocales del Consejo- y con otras autoridades como el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop; la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio; la del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano o el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. No obvió la cita el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pese a saber que su papel en la renovación del CGPJ es determinante y que algún rapapolvo le iba a caer.

Que la preocupante situación en la que se encuentra el Tribunal Supremo -por tener vacantes una de cada tres plazas- y el bloqueo del CGPJ iban a sobrevolar este acto solemne presidido por Felipe VI se daba por hecho semanas antes de la cita. Con lo que no se contaba es con que las exigencias de Carles Puigdemont para apoyar una eventual investidura de Pedro Sánchez se iban a colar de forma inevitable en esta jornada de reencuentros, en los que los más buscados fueron los magistrados relacionados con el 'procés', entre ellos el propio presidente de la Sala Penal , Manuel Marchena, y el juez Pablo Llarena. Igual que los cuatro fiscales del caso: Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena o Jaime Moreno. También el propio Pumpido y magistrados del órgano de garantías que le acompañaron al acto, como la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, o las magistradas también progresistas María Luisa Segoviano (hasta hace poco presidenta de la Sala Social del Supremo), María Luisa Balaguer o Laura Díez, la ex alto cargo de Pedro Sánchez que ha sido ponente del recientemente admitido recurso del PSOE contra el portazo del TS a la revisión del voto extranjero, ese del que depende el «sí» (si no se estima) o la abstención (si se estima) de Junts en la investidura de Sánchez que sucederá con toda probabilidad a la fallida de Feijóo.

Lo que parece claro es que hoy por hoy la justicia no va a tener mucho que decir si la amnistía que pide Puigdemont se traduce una proposición de ley tramitada con urgencia (como se hizo con la reforma del Código Penal para satisfacer, también en ese caso, a los independentistas al derogar la sedición). Tampoco parece que haya otra opción teniendo en cuenta que si se quiere hacer antes de la investidura, un gobierno en funciones no puede aprobar proyectos de ley, por lo que el contenido de la ley no se podría someter al dictamen de los órganos consultivos, entre ellos el Consejo Fiscal o el CGPJ. Pero hay partido, porque la pelota antes o después siempre acaba en el tejado de los tribunales, en cuya mano está, como se vio con el «solo sí es sí», la aplicación de la norma.

En los corrillos de ayer, incluso juristas considerados de perfil progresista daban por hecho que a Sánchez no le temblará el pulso si su estancia en la Moncloa depende de esa ley. La cuestión es si bastará esa exigencia, a la que tendrán que buscarle encaje constitucional, para contentar al prófugo. Ahora lo que hay es un enorme pesar por la imagen que Ejecutivo y Legislativo español está trasladando a Europa.