El presidente del Supremo avisa a los políticos del deterioro democrático por su polarización

Con un discurso más sosegado que el último pronunciado por Carlos Lesmes apenas un mes antes de presentar su renuncia, Marín Castán aseguró ayer, en presencia del Rey, que la no renovación en tiempo y forma del órgano de gobierno de los jueces es una forma de «cercenar la plenitud de la independencia judicial» y mantener al Alto Tribunal en una «situación crítica, casi de respiración asistida». Y es que, como recordó el magistrado, el Supremo se encuentra en una situación «desoladora» como consecuencia de la ley que sacaron adelante PSOE y Unidas Podemos, que impide al CGPJ hacer nombramientos mientras esté en funciones. Y así van ya 23 vacantes de una plantilla de poco más de 70 magistrados.

«¿Puede afirmarse que forma parte de la normalidad democrática la existencia de un Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato lleva ya agotado casi cinco años? ¿Es compatible con la normalidad democrática un Tribunal Supremo cuyos efectivos se ven mermados en más de un 30 por ciento?», se preguntó Castán, presidente también de la Sala Primera.

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Tras calificar los motivos que llevaron a la renuncia de Lesmes como «uno de los episodios más tristes de nuestra historia constitucional» -«su dimisión fue consecuencia de un movimiento sísmico institucional de efectos devastadores para nuestro sistema de justicia», dijo-, el presidente hizo hincapié en que la primera víctima de esta situación es el justiciable, porque en él redundan los efectos de una respuesta judicial tardía. Pero también el propio Estado de derecho, en el que el impacto que se produce es de «extrema gravedad», pues la independencia judicial es un principio fundamental de nuestro sistema democrático, que busca que los integrantes del Poder Judicial puedan tomar decisiones libres de influencias externas.

«Cuando las dilaciones son debidas a la ausencia de los acuerdos políticos necesarios para asegurar la renovación de los órganos de gobierno que tienen, entre otras, la función de efectuar los nombramientos de altos cargos judiciales, son los mismos cimientos del sistema constitucional los que se ven afectados», dijo, aludiendo a la polarización a la que tienden cada vez más los otros poderes del Estado.

Se refirió también Marín Castán de forma genérica a los ataques a la independencia judicial, que pueden tener, dijo, «diversos orígenes y mostrar múltiples variantes». «En ocasiones son comportamientos activos, de intromisión directa o indirecta en la toma de decisiones judiciales para influir en ellas, procedentes incluso de los propios dirigentes políticos. Pero esos ataques -añadió- pueden surgir también de comportamientos omisivos, mucho más sutiles y por ello más peligrosos para el funcionamiento del sistema democrático, porque sus efectos perniciosos se despliegan no respecto a una decisión judicial concreta, sino respecto al propio funcionamiento del Poder Judicial con el efecto, preconcebido o no, de provocar su desprestigio, debilitarlo y, si llega el caso, desviar la atención pública de otras cuestiones».

Marín Castán se mostró optimista respecto a la resolución de la situación de bloqueo político -«la crisis en la que se encuentran tanto el CGPJ como el Tribunal Supremo llegará sin duda a su fin»- y para cuando ese momento llegue abogó por un escenario idílico -que no imposible- en el que sólo el mérito de los candidatos y no las afinidades políticas presidan esos nombramientos. «En ningún caso somos poleas de transmisión de agendas políticas, y en ese esfuerzo deberían acompañarnos decididamente los actores políticos e institucionales», remarcó.

Tampoco aludió a las exigencias del prófugo Puigdemont el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en su discurso en el Supremo, donde presentó la Memoria de la Fiscalía relativa al pasado año. Apenas unas horas antes de su intervención la mayoritaria Asociación de Fiscales había criticado el silencio de quien es cabeza del Ministerio Público respecto a cuestiones que afectan de lleno a la acción de la justicia, como la de cerrar en falso todas las causas penales. Fuentes de la Fiscalía General justificaron el silencio en su negativa a entrar en el discurso del prófugo porque se estaría incurriendo precisamente en la politización que esta asociación critica.

García Ortiz defendió la legalidad, imparcialidad y unidad de actuación del Ministerio Público y pidió que se separe la figura del fiscal general de la propia institución y que las críticas a su persona no «contagien» a la carrera. «Puede estar tranquila la ciudadanía, pues la acción de la Fiscalía, discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, está sometida a filtros y controles, a balances en la toma de decisiones y a garantías en nuestra actuación individual», dijo.

El sustituto de Delgado no dejó pasar la oportunidad de criticar el «discurso negacionista» en materia de violencia de género. Sin citar a Vox ni cómo ha condicionado o retrasado este asunto la formación de gobiernos autonómicos, señaló que los datos en este ámbito son «incontestables». «Hemos de reivindicar la lucha de las mujeres y los logros del feminismo como motor de transformación social, evidenciando y combatiendo patrones de conducta incompatibles con los valores democráticos», comentó al exponer los datos de la Memoria de 2022, años en el que se incoaron 1,5 millones de diligencias, un 2,2% más que en 2021.