Las cesiones al nacionalismo abren una brecha en la caja única de las pensiones

Ante la discriminación que esta decisión supone respecto a otras comunidades, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, adelantó que otras comunidades que tienen «plenos títulos competenciales», como Cataluña, Andalucía, Baleares, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, también podrán pedir la transferencia de las bonificaciones. Insistió, eso sí, en que el acuerdo «mantiene inalterada la caja única».

El Gobierno argumenta que las bonificaciones no salen de la Seguridad Social, sino del presupuesto estatal que se encarga de reponer o reintegrar al sistema lo que pagan de menos los empresarios. Pero a partir del acuerdo, el País Vasco controlará el dinero que recauda vía cuotas a la Seguridad Social.

Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, no comparte este análisis. Asegura que «el traspaso de bonificaciones supone un golpe en la línea de flotación del sistema público de pensiones y que abrirá, además, un proceso de competencia desleal con las empresas ubicadas en el resto de España».

Para Álvaro Nadal, secretario de Economía y Empleo del PP, también hay ruptura de la caja única aunque cree que quizás, para disimularlo, se incluirá alguna cláusula similar a la que incluye el concierto económico, para que el conjunto de bonificaciones a los empresarios sea similar en todo el territorio español. Es decir que si el Ejecutivo vasco baja unas bonificaciones, debería subir otras para equilibrar los pagos conjuntos de las empresas.Sin embargo advierte que esta cláusula no ha funcionado en el tema fiscal, y de hecho las empresas ubicadas en el País Vasco pagan menos que las del resto de España.

En este sentido, Juan José Rubio señala que las regiones limítrofes, como Aragón, Cantabria o La Rioja, deberían estar preocupadas por el proceso de competencia desleal que se abre. Además, señala que será el País Vasco quien marque el camino al gobierno central que tendrá que reducir las bonificaciones en la misma cuantía si no quiere que el resto de empresas salgan perjudicadas.

Fuentes sindicales, por su parte, comparten también la idea de que el pacto alcanzado abre la puerta a la ruptura de la caja única y advierten que otros gobiernos autonómicos o partidos nacionalistas podrían seguir el ejemplo del País Vasco, como el propio Gobierno acaba de reconocer que puede ocurrir.

El acuerdo con el PNV incluye también la cesión de las políticas activas de empleo. Con la legislación actual el Gobierno central reparte cada año unas cantidades (algo más de 3.000 millones en 2010) para que las comunidades autónomas las destinen a políticas activas de empleo: formación de parados, de ocupados, intermediación en el mercado de trabajo, inspección laboral, ... En el reparto de 2010, aparecen todas las comunidades menos el País Vasco, porque era la única región que no tenía transferida la gestión de estos recursos. Lo que se ha acordado ahora, sin embargo, no es equiparar el País Vasco con el resto de regiones, sino ir un paso más, ya que no sólo gestionará los recursos de acuerdo con la coordinación y directrices del Estado central, sino que tendrá libertad para definir la política de fomento del empleo.

El secretario de Economía del PP, Álvaro Nadal, cuestiona también la cifra que se ha utilizado para calcular el coste de estas transferencias; 472 millones le parecen excesivos. Y podría no faltarles razón si comparamos esos 472 millones con el reparto de recursos para políticas activas en 2010. Sólo Andalucía, con 683,8 millones, superaría esta cantidad.

Para César Molinas, doctor en Económicas, la clave del acuerdo está en que el PNV se garantiza el poder en las diputaciones forales vascas, mientras la cesión de casi 500 millones es solo una manera de vestir el acuerdo.