JpC lleva al Parlament una moción que plantea como solución política «el derecho de autodeterminación»

En una moción sobre la situación política tras las elecciones generales del 10 de noviembre, JpC propone constatar que el conflicto existente es de naturaleza política y «sólo puede ser resuelto con herramientas que democráticas y por la vía del diálogo y la negociación», informa Ep.

Destaca que, en las elecciones del 10-N, «se mantuvo la línea creciente y mayoritaria de fuerzas políticas» que apuestan por una solución democrática y negociada al conflicto, y asegura que la apuesta por el diálogo como solución es mayoritaria en la sociedad catalana y la del resto de España.

«El cumplimiento de los compromisos y las obligaciones legales del Estado español hacia Cataluña, su Govern y sus instituciones no puede exigir contrapartidas ni ser objeto de negociación», ha avisado JpC, que critica también la aplicación del artículo 155.

Cree que la aplicación de este artículo de la Constitución ha llevado a prisión y a ir al extranjero «hombres y mujeres de paz que son actores esenciales para la resolución democrática de este conflicto», según el partido que lidera Carles Puigdemont desde Waterloo (Bélgica).

Defiende que es imprescindible el reconocimiento institucional al máximo nivel entre el Govern y el Gobierno central: «Se necesita, en este sentido, una interlocución política sólida entre la Presidencia de la Generalitat y la española». Además, el partido sostiene que se requiere una mediación internacional, «vistos los antecedentes, para dotar de garantías este diálogo entre iguales y efectividad en las negociaciones».

JpC también pide un compromiso político transversal para la «desfranquización del conjunto de la arquitectura político-institucional del Estado español» y promover un cordón sanitario a la ultraderecha para evitar su normalización en las instituciones.

Exige «poner fin a la represión y al recorte de derechos civiles y políticos que sufre la sociedad catalana y revertir la regresión democrática», y afirma que el Estado debe dejar de actuar en contra de los derechos de la sociedad catalana, en palabras de JpC.