Independentistas y comunes votan llevar al pleno del Parlamento catalán si se aplica el auto del Supremo

La mayoría secesionista, que ha contado en esta ocasión con el apoyo de los comunes y la complicidad del letrado Joan Ridao, ha bastado para que, en un caso inédito, sea el pleno parlamentario el que decida si se cumple o no un auto del Alto Tribunal que desde julio ordena la suspensión temporal de los derechos y deberes como diputados de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Raül Romeva y Josep Rull.

La sesión de la Comisión ha servido para ver que tanto Junts per Catalunya (JpC) como ERC están dispuestos a llegar hasta el final para impedir el cumplimiento de las resoluciones del Supremo, y así lo ha denunciado Joan García (Cs), quien ha intentado, sin éxito, que la propuesta de JpC y ERC no llegue al pleno.

Cs no ha participado en la Comisión, después de que se rechazase retirar del orden del día de hoy el dictamen de JpC y ERC que pone a votación el auto del Supremo. El PSC y el PP han participado en la Comisión pero no han votado. El martes será el turno para el pleno. Y está por ver si es necesaria la mayoría absoluta del Parlamento autonómico, por lo que los comunes y la CUP juegan un papel determinante.

De esta manera, el pleno del Parlamento catalán votará la semana que viene dos puntos de un dictamen que hace referencia a la suspensión de los seis diputados ordenada por el Supremo. El primer punto señala «acordar» la suspensión; y será rechazada por los partidos independentistas y los comunes. El segundo punto indica que los seis diputados «designan» a otros diputados para ejercer sus derechos; y JpC, ERC y los comunes votarán a favor.

Tras conocer la decisión de la Comisión (78 votos a favor, ninguno en contra, ni abstenciones), Carlos Carrizosa, portavoz de Cs, ha anunciado que la formación naranja presentará una querella criminal contra los miembros de la Mesa del Parlamento catalán que han evitado que sea este órgano el que aplique el auto, tal y como señala el propio magistrado Pablo Llarena.

Durante el debate de la Comisión, Madrenas ha defendido que los afectados por el auto del Alto Tribunal «son personas que no han cometido ninguna violencia» y, por lo tanto, se ha preguntado: «¿Hemos de aceptar que nos digan que han cometido violencia? Que lo diga el pleno». Madrenas ha rechazado «injerencias ilícitas».

La posición de JpC ha sido compartida por Gerard Gómez del Moral (ERC), quien además ha puesto en duda el procedimiento por el que el juez Pablo Llarena cerró la instrucción de la causa especial. Por su parte, la CUP abogaba por votar no a la primera propuesta y retirar la segunda parte. Una petición que los proponentes (JpC y ERC) nhan rechazado.

Por su parte, Alícia Romero (PSC) ha lamentado que «lo que se trata de hoy es si respetamos la separación de Poderes» y ha preguntado al resto de diputados: «¿Cada vez que haya una sentencia que afecta a algún diputado la traeremos al pleno?». Y Santi Rodríguez (PP) ha dicho que «este debate no tendría que haberse celebrado» y ha recordado que la ley de transitoriedad establecía al gobierno funciones del Poder Judicial: «Ustedes sentencian con esta propuesta».

Con los grupos independentistas se han posicionado los comunes (CatComú-Podem). Yolanda López ha denunciado «un proceso judicial injusto y viciado políticamente», en referencia al proceso que se está juzgado en el Tribunal Supremo, y, por lo tanto, ha añadido: «La decisión del Parlamento catalán no tiene efectos jurídicos».