La Generalitat de Cataluña quiere desterrar el uso del español en las ruedas de prensa

El documento, titulado 'Normas de régimen interior para el desarrollo de las ruedas de prensa en el Palacio de la Generalitat de Cataluña', consultado por ABC y adelantado por 'El Confidencial' este viernes, consta de catorce artículos numerados y uno más añadido en forma de adicional. El noveno señala directamente que la lengua de uso de las ruedas de prensa será solamente el catalán y expulsa el uso del español –que no cita– al apartado de «otros idiomas», como si en las intervenciones de Plaja de cada martes se utilizasen otros idiomas que no fueran los dos oficiales de Cataluña. «Las ruedas de prensa se desarrollan en lengua catalana, si bien, una vez finalizada, se abrirá un turno para que se puedan formular y responder preguntas en otros idiomas», reza al polémico punto noveno.

Hasta la fecha se aplica una norma no escrita, pero consensuada por la mayoría de los periodistas que acuden a las ruedas de prensa de la Generalitat, que consiste en que los periodistas preguntan en el idioma que quieren –la mayoría en catalán– y la portavoz responde en catalán. Al finalizar, para que las televisiones y las radios tengan cortes también en español se le pide a Plaja que repita alguna respuesta en español, por su interés informativo, ya pronunciada anteriormente solo en catalán.

Esta norma no escrita lleva funcionando en la sede del Govern catalán, por lo menos, desde que Francesc Homs (CiU) actuaba de portavoz autonómico, es decir, desde inicios de 2011, cuando Artur Mas se hizo cargo de la Generalitat tras los dos tripartitos (2003-2010). De aplicarse la norma, en materia lingüística, que ahora exige el Ejecutivo de Aragonès, los periodistas que preguntan habitualmente, o cuando lo consideren oportuno, en español no podrán hacerlo en el turno de preguntas y tendrán que esperar a un segundo turno para los «otros idiomas», lo que supone una discriminación por motivo lingüístico.

Además, el documento también recoge al menos otra limitación que afecta a la libertad de expresión de los periodistas. Es el caso del artículo segundo de las 'Normas de régimen interior...' y que tiene como objetivo impedir, o como mínimo amedrentar, a los comunicadores a la hora de realizar su trabajo, pues establece que se requisará la acreditación a quien pregunte provocando el «descrédito» de cualquier entidad pública o privada o quien «pueda lesionar los derechos de las personas y/o provocar daño». ¿Y quién decide el «descrédito» y el «daño»? El departamento de Presidencia de la Generalitat. Juez y parte.

Según figura en el preámbulo, igualmente, las normas se establecen –unilateralmente– para, entre otros motivos, «reforzar el derecho constitucional a la información y proteger otros derechos constitucionales también merecedores de protección», aunque no se concretan estos «otros derechos».

El texto también recoge asuntos obvios de comportamiento básicos como la hora de llegada a las ruedas de prensa, la negativa al uso del 'flash' de las cámaras fotográficas y las cámaras de vídeo durante la comparecencia de la portavoz o los miembros del Govern, la imposibilidad de reservar asientos en la sala de prensa y, entre otros, la obligatoriedad de tener en silencio los dispositivos móviles.

El documento, que recuerda que los periodistas tienen que cumplir el código deontológico de la profesión en Cataluña, cita al Colegio de Periodistas de la comunidad como el ente que puede mediar entre la Generalitat y, en su caso, el periodista que hubiera sido sancionado sin la acreditación. Es decir, una mediación una vez ejecutada la sanción.

En este sentido y preguntado por este diario, Xavier Roig, portavoz del Colegio de Periodistas de Cataluña, señaló que la asociación no tenía «una valoración» sobre el documento, ratificó la vigencia del código deontológico y defendió que «cada uno es libre de establecer las normas que quiera».

Las 'Normas de régimen interior...' fueron suscritas por la mayoría de los periodistas que el martes acudieron a la rueda de prensa de Plaja. Sin embargo, algunos de los periodistas, sospechando de la posible irregularidad del texto, sobre todo al vincularlo a la retirada de la acreditación, decidieron no firmar el documento y hacer consultas legales a los gabinetes jurídicos de su empresas de comunicación.

Sin embargo, para la Generalitat no hay polémica. Jordi Vera, jefe de la Oficina de Comunicación del Govern, organismo del que sale el documento, negó a ABC que la intención sea la de limitar la libertad de expresión. «Hemos intentado poner un poco de orden en las normas y las acreditaciones permanentes de la Generalitat, que muchas estaban desfasadas», indicó. Y añadió, reconociendo cierto malestar en la profesión: «Estamos recogiendo las quejas y veremos si podemos ajustarlas para adecuar el texto. La intención es fijar unas normas que, en realidad, ya se cumplen. Pero no hay voluntad de limitar la libertad de expresión de los periodistas».