Forcadell, a las puertas del TSJC - INÉS BAUCELLS

Forcadell asegura que su causa «es un ataque a la democracia»

La presidenta del Parlament se ha negado a contestar a las preguntas de la juez instructora y de la Fiscalía

BARCELONAActualizado:

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha defendido ante la juez que permitió la votación de la hoja de ruta independentista en el pleno porque era un «acto político» y ha sostenido, según fuentes judiciales, que no se puede prohibir discutir sobre la independencia cuando es un debate que está en la calle.«Si la gente en la calle puede hablar de la independencia, ¿cómo no van a poder hacerlo los parlamentarios?», ha argumentado ante la juez.

Una vez concluida su declaración, y ya desde el Parlament, Forcadell, ha asegurado que "no se ataca a la presidenta del Parlament sino a la institución y a lo que representa". Empleando el argumentario habitual desde que fue encausada, Forcadell ha asegurado que "ningún tribunal puede impedir que en el parlament se debata sobre la indepedencia o de aquello que interesa al país".

La presidenta de la Cámara, de modo genérico, ha concluido que ha llegado "la hora de la política y no de los tribunales", precisado que ante la magistrada instructora del TSJC ha reclamado que se respete la "inviolabilidad" de los miembros del Parlament. Forcadell se ha mostrado convencida de que no va a ser inhabilitado, algo que considera que sería "inconcebible" en un estado democrático.

Forcadell ha declarado hoy como investigada durante poco más de media hora en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en una comparecencia en la que se ha negado a contestar a las preguntas de la juez instructora y de la Fiscalía, a los que ha reprochado que al imputarla han incumplido su deber de defender la inviolabilidad del Parlament.

Según ha explicado la presidenta del Parlament en el tribunal, el mandato del TC se limitaba a prohibir que se reprodujera la resolución parlamentaria del 9 de noviembre de 2015 a favor de la independencia, con lo que ha sostenido que de eso no se podía deducir que no se pudieran votar las conclusiones del proceso constituyente.

Asimismo, ha recordado que la comisión de estudio duró seis meses sin que se impugnara en ningún momento, que su contenido era público, que en ella participaron todos los grupos parlamentarios incluido el PP, y que sus conclusiones no tenían ningún efecto jurídico.

«El Poder Ejecutivo no puede utilizar al Judicial para resolver un problema del Legislativo. Se ha de resolver políticamente», ha defendido ante el TSJC a preguntas de su letrado, Andreu van de Eynde. Sobre su papel el 27 de julio, ha explicado que JxSí y la CUP habían pedido ampliar el orden del día para incluir este debate en la sesión y ha puntualizado que esto no estaba «premeditado» para esquivar al TC, sino que fue una decisión política de los grupos.

Por eso, Forcadell ha defendido que la responsabilidad última de incluirlo en el orden del día y de celebrar la votación no recae en la Presidencia del Parlament, sino en el pleno, que es «soberano» para decidirlo.

Sobre la nota que los servicios jurídicos del Parlament que le hicieron llegar antes de la votación y que se leyó en el pleno, ha considerado que no era una advertencia dirigida directamente a ella, sino un recordatorio de la interlocutoria del TC a los diputados. Además, Forcadell ha explicado que existen dos informes de los servicios jurídicos en el trámite de alegaciones - que concluían, según ella, que el proceso fue perfectamente legal en todo momento.

Por su parte, el expresidente de la Generalitat Artur Mas ha considerado «escandaloso» que Forcadell haya tenido que declarar «por dejar hablar y votar en un Parlamento» y, en cambio, se archive la causa contra el exministro Jorge Fernández Díaz pese a haber «conspirado».

En declaraciones a los periodistas, Mas ha recordado que hizo el mismo camino para ir a declarar al TSJC por la causa del 9N y ha celebrado que hoy se hayan «juntado muchos» para dar «ánimo» a Forcadell. Desde la CUP han aprovechado la ocasión para reclamar al soberanismo avanzar hacia la «ruptura final» con un Estado que «sólo persigue» a cargos electos.