El arquitecto jurídico del «procés» contempló la purga de los funcionarios españoles presentes en Cataluña

En un informe, a que ha tenido acceso Efe, la Guardia Civil tambien desvela que Viver i Pi Sunyer disponía de un informe de la plataforma Secretarios, Interventores y Tesoreros por la independencia en que se planteaba suprimir la obligación de los Mossos d'Esquadra de hacer cumplir la Constitución y su dependencia funcional respecto de jueces, fiscales y tribunales, por lo menos en relación con el referéndum.

La Benemérita ha remitido este informe a la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que en abril pasado exculpó a Viver i Pi Sunyer y no lo procesó junto a la treintena de personas, entre ellos varios ex altos cargos del Govern , investigados en la causa abierta por los preparativos del 1-O. Entre la documentación intervenida a este exmagistrado del Constitucional en el registro de su casa y su despacho, el 20 de septiembre de 2017, la Guardia Civil halló un informe en que se defendía que ningún catalán de origen español residente en Cataluña con anterioridad a la independencia tendría que superar examen alguno o someterse a ningún tipo de juramento de fidelidad.

Este documento, titulado «La atribución de la nacionalidad ante la independencia de Cataluña», es un archivo de agosto de 2015 con el logotipo del Círculo Catalán de Negocios y la Guardia Civil atribuye su autoría a Enoch Albertí, miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) que presidía Viver i Pi Sunyer. A partir del contenido de este informe, la Guardia Civil concluye que el arquitecto jurídico del procés «contemplaba» que los funcionarios del Estado destinados a Cataluña que no fuesen catalanes de origen o bien perteneciesen a determinados cuerpos de la administración serían repatriados a España y no se les permitiría acceder a la nacionalidad catalana.

El informe también apuntaba que mientras España no reconociera la independencia de Cataluña, los catalanes podrían continuar ejerciendo los derechos que otorga el tratado de Schengen a través de la nacionalidad española . También aseguraba, según el Instituto Armado, que no se podía esperar la formación de un estado catalán étnicamente puro y culturalmente homogéneo. Además, se proponía que, si no se deseaba reclutar a personal de fuera de Cataluña para ejercer como funcionario en el nuevo estado catalán, se exigiesen una serie de niveles y pruebas lingüísticas, ya que con este requisito no se estaría contraviniendo el derecho vigente pero se limitaría la selección al personal que mostrase convicción por los ideales independentistas.

El documento intervenido en casa del arquitecto jurídico del procés también dedicaba un apartado a la contratación de obras y servicios , en que se proponía que, para incentivar a los inversores, se podría negociar con ellos nuevos proyectos, como grandes infraestructuras. Por el contrario, en los casos en que se quisiera desincentivar la presencia de determinados inversores o grandes fortunas en Cataluña, el informe resaltaba que se les podría amenazar con que se podía legislar 'ex novo' sobre la expropiación forzosa y presionarles con las consecuencias de tener al nuevo estado en contra, según la Guardia Civil.

De hecho, este tipo de planteamientos apuntarían a que se podrían estar «institucionalizando prácticas de corrupción en la administración catalana para garantizar que no habría voces discordantes en posiciones de poder en el momento de la secesión». Entre otros ejemplos, se detalla que, en la contratación de personal, se preveía «camuflar» el fichaje de altos cargos a través de plazas de confianza, mientras que, respecto de los cargos intermedios, la selección tendría que realizarse por «convicciones personales, servicio al país y perspectivas de ascenso».

Además, se apostaba por una doble contratación pública y privada y la promesa de contrato bajo el compromiso de ser legalizado en el futuro en base al nuevo ordenamiento . «Parece que se estaría alentado a la violación del ordenamiento jurídico, a instaurar prácticas que vulnerarían los más elementales fundamentos de contratación pública y los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a la función pública», alerta la Guardia Civil en su informe.