Aragonès pierde otra oportunidad para ganar perfil institucional

El partido que lidera Oriol Junqueras desde 2011 –dentro de una semana, el 17 de septiembre, hará justo diez años de su primera elección como presidente de ERC– se convirtió en la muleta de CiU y Pujol, desde 1980; en comparsa del PSC, Pasqual Maragall y José Montilla, entre 2003 y 2010; y en aliado molesto de CiU y Artur Mas, así como de Carles Puigdemont y Quim Torra, entre 2012 y 2020. Una larga travesía por el desierto para un partido con pedigrí político que se remonta a Francesc Macià y Lluís Companys, por los años de la II República, cuando ERC era hegemónico en Cataluña y ocupaba, también, carteras ministeriales.

Así, tras los presidentes Heribert Barrera –homenajeado ayer por Torra–, Jaume Campabadal, Jordi Carbonell, Josep-Lluís Carod-Rovira y Joan Puigcercós, que recupera en 2004 la máxima jerarquía para la presidencia de ERC, sin olvidar al 'todopoderoso' secretario general Àngel Colom, entre 1989 y 1996, y a Joan Hortalà –que acabaron en CiU–, Junqueras tiene como máximo objetivo, confesado en público y en privado, que ERC se convierta en el nuevo partido dominante del nacionalismo catalán y consolide esta posición.

Que ERC, en definitiva, sustituya a CiU, ahora en la versión denominada Junts, en lo que durante el 'pujolismo' se llamó «la centralidad política», y que no es otra cosa que sentarse en la silla del despacho del presidente en el Palacio de la Generalitat. Para esto, tanto da que Cataluña sea una autonomía o un país. Y eso fue lo primero que hizo Aragonès en mayo de este año, tras pactar con Junts y la CUP. Tocaba gobernar.

Sin embargo, ahora, poco más de cien días después de la investidura, Aragonès, en particular, y ERC, en general, siguen dando señales típicas de un partido que se sitúa fuera de la gobernabilidad y parece incapaz de lidiar con las lógicas contradicciones de las formaciones políticas que conocen la estabilidad institucional. La Diada y la ampliación del aeropuerto son solo los dos últimos ejemplos.

Una incipiente protesta medioambiental, canalizada políticamente sobre todo por los comunes de Ada Colau (es decir, la versión catalana de Podemos) y la CUP, contra la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que afecta a la laguna colindante de la Ricarda (Prat del Llobregat), ha sido suficiente para que ERC rechace una inversión pública de 1.700 millones anunciada y acordada entre los dos Gobiernos –siendo el consejero del ramo el vicepresidente autonómico, Jordi Puigneró, de Junts– el pasado 2 de agosto.

Tras las primeras voces en contra de la ampliación, ERC se sumó a las protestas. En misa y repicando. Fácil para el Gobierno que vio el percal y decidió suspender la inversión.

A Aragonès también le temblaron las piernas hace unos días, ante la presión del secesionismo catalán más radical, y anunció que acudirá mañana a la manifestación independentista de la Diada que convoca la Assemblea Nacional Catalana (ANC), situándose más cerca de Puigdemont y Torra que de Mas, quien mientras fue presidente autonómico renunció a participar en unas marchas que solo representan a la mitad de los catalanes.