Izquierda y alienación lingüística

Tal dejación no empezará con ésta lamentable Lomloe, viene larvándose ya desde la Logse, cuyas consecuencias las estamos padeciendo en la casta política que nos dirige y en la sociedad que la consiente. Veámoslo a pie de calle.

«Los castellanoparlantes somos los principales interesados en el modelo de inmersión lingüística». El verso lo ha soltado Joan Mena, portavoz de Educación de Unidas Podemos-En Comú Podem del Congreso de los Diputados en «elDiario.es». Y se ha quedado tan ancho.

Hay que echarle arrestos a la fantasmada . Un rebuzno a su altura sólo lo igualaría sostener que «las mujeres somos las más interesadas en que los hombres decidan por nosotras». ¡Claro que sí, señor Mena! ¿Hay algo más generoso que decidir por los demás, lo que más le conviene…, a los demás?

Lumbreras como éste son una plaga en Cataluña. Lo más sorprendente es que lo hace en nombre de la izquierda. Si Marx levantara la cabeza y viese cómo sus mentores aplican la teoría de la alienación para enajenar y no para tomar conciencia del abuso a que son sometidos los más débiles por las castas dirigentes, no entendería nada. O si lo entendiese, sólo podría concluir que los valores de igualdad de la izquierda emancipadora fundacional habían sido suplantados por fuerzas reaccionarias camufladas de izquierdas. Cargan la tinta en cuestiones sociales populistas para lograr colar criterios étnicos de identidad lingüística de lo más retrógrado. Viejo truco de cualquier casta dirigente.

Que haya quien trabaje para que la lengua española desaparezca de Cataluña, se entiende. Siempre ha habido déspotas. La naturaleza humana es gregaria y tiene tendencia a marcar territorio en nombre de la religión, la raza, el espacio vital, la lengua o cualquier otra ficción interesada. Son formas de xenofobia, supremacismo, racismo biológico o cultural. Algo tan corriente a lo largo de la historia de la humanidad, que sólo siglos de civilización las han podido ir neutralizando, que no eliminando. Por eso no nos sorprendemos que aún hoy, en pleno siglo XXI, en un país de la mismísima UE, haya aún canallas que legislen para despojar de derechos a los demás. Pero que encima pretendan convencernos de que los despojados de sus derechos lingüísticos sean los más interesados en consentirlo, incluso desearlo, es de un cinismo insoportable. ¿Se puede superar la obscenidad? Se puede. ¿O acaso no es un sin dios que quienes deberían ser sus mayores detractores, sean sus máximos valedores? ¿No habría de ser la izquierda la que velase por la igualdad, y neutralizase cualquier intento nacionalista de excluir al diferente?

Desguacemos el disparate. ¿Cuáles son las razones en las que se basan para convencer a los negros, que lo más conveniente para ellos es obedecer a los blancos? ¿O las mujeres a los hombres? ¿O por qué lo más conviene para los castellanohablantes es renunciar a su propia lengua para adquirir en la escuela la formación ilustrada que será imprescindible para explotar sus mejores capacidades en la vida, ser autónomo y elegir con criterio? ¿Cómo, si le enajenan de sus derechos desde niños?

Porque lo que no está en discusión es, que el mejor instrumento para desarrollar esas habilidades es estudiar en la propia lengua. Lo dejaba establecido la Unesco en 1953: «Es axiomático que el mejor medio para enseñar a un niño es la lengua materna». Y lo corroboran todos los estudios posteriores. Nadie lo discute. Hasta quienes ahora han introducido la enmienda para relegar al español como lengua vehicular en la «ley Celaá», han sido los máximos defensores de estudiar en lengua materna en el pasado. ¿Se acuerdan de las campañas «Volem estudiar en la llengua materna», «Volem estudiar en català»? Esto decía Trias Fargas, portavoz de la Minoría Catalana en el Congreso de los Diputados en 1978: «Creo que es justo decir también que el derecho a la lengua materna es un derecho del hombre, un requisito pedagógico de la máxima importancia. Cambiar de lengua en la niñez dificulta extraordinariamente la capacidad del niño. Nosotros nunca vamos a obligar a ningún niño de ambiente familiar castellano a estudiar en catalán». (Ramon Trías Fargas, CiU, Comisión Constitucional, debate sobre el artículo 3 de la Constitución, 1978).

No hubo ni un solo catalanista que se abstuviera de defender la lengua materna como lengua de enseñanza, ni día que no se recordase; sin embargo, una vez que el Gobierno de la Generalidad de Jordi Pujol dispuso de los traspasos de Educación, fue desplazando al castellano hasta dejarlo fuera del sistema educativo a través de la inmersión sólo en catalán. El colmo del cinismo.

Otra cosa es que, por los mismos motivos de interés, cada cual decida libremente hacerlo o compaginarlo con otra lengua distinta a la propia para asumir su conocimiento. Lo cual no significa suplantar para siempre y para el resto de las materias a la propia lengua de forma obligada. Que es lo que hace la inmersión lingüística impuesta en Cataluña por el nacionalismo.

Tamaño abuso ha de tener una explicación. Busquemos el origen de esta perversión de la izquierda, las razones por las cuales los Joan Mena de turno se amparan en su condición de castellanohablantes para darle aún más legitimidad al exabrupto de excluir con consentimiento a un niño y sus padres de sus derechos lingüísticos.

Las razones no pueden ser más sibilinas. Las han amparado en la mismísima lucha de clases. Según la izquierda catalanista, no podían permitir que la burguesía catalana excluyera del trabajo a los hijos de los obreros castellanohablantes por no saber catalán. Cuando se incorpora el catalán a la escuela a partir de la Transición del 78, la izquierda del PSUC y del PSC impusieron la inmersión sólo en catalán porque barruntaban, que si los hijos de los obreros castellanohablantes no aprendían catalán, podrían ser excluidos del mercado laboral en el futuro. Por aquella época de finales de los setenta, principios de los ochenta, el catalanismo había esparcido entre los padres castellanohablantes del cinturón industrial de Barcelona, que «si sus hijos no aprendían catalán, no encontrarían trabajo». La murga la repetían sindicatos y partidos de izquierdas y la asumían maestros y maestras. Por esa época, cualquier matiz a la necesidad de catalanizar la escuela era tachado de facha…, y relegado. El miedo al estigma hacía el resto.

Si se fijan, en esa falsa preocupación por la clase obrera, va incorporado el desprecio clasista a los «nouvinguts» y el supremacismo catalanista. ¿Por qué habrían de temer los hijos de obreros castellanohablantes no encontrar trabajo el día de mañana si salían de la escuela sin saber catalán habiendo una lengua común? Y afinando aún más, ¿por qué habrían de estudiar en catalán, y sólo en catalán, para salir con un conocimiento de uso laboral? No olvidemos, que por entonces ya era oficial y obligatorio estudiar la lengua catalana. Para hacerlo no era imprescindible impedir que los niños castellanohablantes pudieran estudiar en su propia lengua, además de estudiar catalán.

Tanto altruismo no cuadra con esa evidencia legal; pero sí con el objetivo nacionalista de hacer del catalán la única lengua nacional, la única lengua propia como fundamento de la construcción nacional de Cataluña. Tras esa velada amenaza «no encontrarán trabajo» palpita la aspiración secreta de que algún día, el catalán sea la única lengua oficial de la administración por grado o por fuerza, el pilar de la ingeniería social que convierta en extranjeros en su país a todos los que no se plieguen a ello. Empezando por el acceso al trabajo. Esta era la aspiración de la derecha catalanista de Jordi Pujol. La izquierda lo sabía y colaboró. No por error táctico, sino porque esa izquierda era de extracción burguesa y catalanista. Y como la derecha burguesa, puso todo el empeño en neutralizar a la clase obrera, mayoritariamente castellanohablante. No para otorgarles derechos, o integrarlos, sino para asimilarlos, anularlos como ciudadanos con cultura y lengua españolas. He ahí el supremacismo, el clasismo que rezuman tales intenciones.

Había un segundo argumento, de nuevo de la izquierda: había que evitar dos comunidades, asegurar la cohesión social. Lo que no decían entonces, es que el objetivo final era imponer una cohesión social basado en la identidad lingüística como paso previo a la identidad nacional. Muchos años después lo expondría Pasqual Maragall con meridiana claridad: «La lengua catalana es el ADN de Cataluña». Jordi Pujol lo ha dicho de mil maneras, quizás la más radical es considerarla «el Ser de Cataluña». De ese lenguaje del peor romanticismo nacionalista nació y se impuso muchos años después la consecuencia necesaria: el catalán como lengua común es la garantía de cohesión social. ¿Me siguen? No han dado puntada sin hilo. Desprecian a la lengua española como lengua común de España, como instrumento de cohesión social de España, pero imponen, después de erradicarla de Cataluña, el catalán como lengua de cohesión social, previa eliminación de la lengua española del 55,3 por ciento de los catalanes. ¿Integración o asimilación? Garantizar derechos, o eliminar los que nos estorban? ¿Cohesión social o racismo cultural?

El saqueo no se quedaba ahí, detrás de la imposición del catalán como única lengua vehicular, se buscaba imponer una escuela catalana en lengua y contenidos. O lo que es lo mismo, la escuela pasaba de ser un espacio para aprender, a un objetivo político de corte nacionalista. Y las consecuencias negativas inmediatas en el alumnado castellanohablante, el desprecio emocional inconsciente a su entorno cultural, lingüístico y familiar. Todo ello se traducía en una baja autoestima cultural y el mayor abandono escolar. Un ejemplo trágico de esta agresión a la autoestima del entorno del niño se puede comprobar en el altísimo abandono escolar de los niños hispanohablantes de la inmigración sudamericana que son recluidos en las «aulas de acogida» en su primer año para enseñarles la lengua catalana como paso previo a su incorporación a los cursos normales de las ESO o el bachillerato. Si puede tener sentido hacerlo con inmigrantes chinos, árabes, pakistaníes o de cualquier otra lengua desconocida por el sistema (más lo tendría en español por su peso internacional), no tiene ningún sentido hacerlo con niños que comparten la lengua común. Importa poco, no es cuestión de facilitarles la integración, sino de asimilarlos, limpiarlos de la impureza de la lengua española. La salvajada acaba con alargar esa estancia en las aulas de acogida más de un año y al abandono escolar por agresión a su autoestima en un entorno deprimido por el trabajo precario de sus padres.

En este sentido, los datos son concluyentes: las pruebas PISA demuestran que el fracaso escolar es mucho mayor entre los niños castellanohablantes que entre los catalanohablantes. PISA demuestra que la inmersión en Cataluña provoca el doble de fracaso escolar entre los niños hispanohablantes que entre los catalanohablantes. Tres razones fundamentales lo provocan: los castellanohablantes provienen mayoritariamente de familias económicamente más precarias, sus padres tienen menos posibilidades para ayudarles en casa por menor nivel de estudio y carecer de libros de texto en español, y porque se les impide estudiar en la propia lengua.

Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha realizado varios estudios donde se demuestra que además de fracasar el doble, el abandono escolar es mucho mayor. Lo completan otros estudios donde se reseña la limpieza lingüística en instituciones, y comercios.

Si el exabrupto del congresista podemita Joan Mena es de aúpa, la clarividencia del ministro de Universidades, Manuel Castells, de En Comú Podem, es de traca: «Nunca hubo ningún problema con el castellano en Cataluña». Lo increíble es que alguien que es un reputado sociólogo, experto en comunicación, y catalán de adopción, tenga los arresto de negar semejante evidencia. No es el primer ciego, sordo, mudo y muerto que va de vivo por estos lares. Le repetiré lo que le escribí a Javier Cercas cuando el 1 de octubre del 2017 se dio cuenta de que el catalanismo le habían estafado: «¿De verdad, Manuel Castells no te enteraste de nada cuando a principios de los años ochenta le pegaron un tiro a un profesor de instituto por haber osado firmar el Manifiesto por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña? ¿Tampoco de la campaña de La Norma para excluir la lengua española de la escuela bajo la máscara de la «normalització» lingüística? ¿De verdad no te enteraste de que poco después se fueron de grado o por la fuerza 14.000 maestros de Cataluña por no ser catalanohablantes? ¿Ni del escándalo de la portada de ABC de 1993 donde denunciaba: «Igual que Franco, pero al revés»? ¿Tampoco de la imposición por ley en 1990 de la inmersión lingüística, mediante la cual se borraba la lengua materna de los niños castellanohablantes? ¿Ni siquiera fuiste a ver «Operación Ubú», de Albert Boadella, en 1981? ¿No leíste en el 94 el artículo «Virus» el «El País», donde se trata al nacionalismo como una infección? ¿No te enteraste de la publicación, en 1992, de «Extranjeros en su país», donde se denuncia la limpieza lingüística? ¿Ni de «La Guerra de la Llengua» donde se relata la guerra contra la exclusión lingüística de la Generalidad desde posiciones nacionalistas? ¿Tampoco del Programa 2.000, donde Pujol diseña la catalanización étnica de todas las instituciones? ¿Era tan difícil ver avanzar por esas fechas la limpieza lingüística en la rotulación de calles e instituciones? ¿Tampoco te enteraste de la creación de la Asociación por la Tolerancia en 1993, donde cuajó la Resistencia contra esa inmensa estafa a la que hiciste oídos sordos? ¿De verdad que no te enteraste, poco después, de que la vicepresidenta de la primera organización de madres que se constituyó contra la inmersión y a favor del respeto a la lengua materna (Cadeca), fue secuestrada, apaleada en un descampado y abandonada inconsciente junto a su coche envuelto en llamas? ¿Tampoco te enteraste de las 50.000 firmas de un segundo manifiesto, En castellano también, por favor, en 1994? ¿Ni del valor cívico de los Premios a la Tolerancia instituidos desde 1995 para resaltar a intelectuales comprometidos con esas ideas como Iván Tubau, Fernando Savater, Francesc de Carreras, Gregorio Peces Barba, Antonio Muñoz Molina, Agustín Ibarrola, Albert Boadella, Mario Vargas Llosa, Inger Enkvist, Félix Ovejero, y así hasta 24 personas relevantes que tomaron conciencia crítica del abuso que nunca viste?

¿Y de las 34 sentencias de los tribunales sobre la violación de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes ignoradas por la Generalidad? ¿Tampoco de los numerosos documentos de CCC denunciando el racismo cultural de prebostes históricos del catalanismo y su supremacismo en la escuela, la cultura y TV3? ¿Ni de los manifiestos de Foro Babel rozando el nuevo siglo que firmaron numerosos intelectuales, como Eduardo Mendoza, Juan Marsé, Anna Moix, Eugenio Trías o Gabriel Jackson? ¿Ni de la irrupción de Cs con 3 diputados en el Parlament? ¿Ni del Manifiesto por una lengua común de 2008? ¿Ni siquiera de los escraches contra los padres de las nuevas asociaciones en defensa de la enseñanza en lengua materna, como la AEB, hasta hacerles la vida imposible y, en algunos casos, obligarles a abandonar Cataluña o cerrar sus negocios?

No sólo el ministro Castells, también la secretaria ejecutiva de Educación y Universidades del PSOE, María Luz Martínez Seijo, sostiene en el artículo «Las lenguas en la Lomloe»: un avance garantista en plurilingüismo, que «durante 35 años el plurilingüismo del 40 por ciento de la población española que vive con lenguas co-oficiales (catalán, vasco, gallego y valenciano) no ha sido cuestionado en la escuela», y de paso señala a la «ley Wert» por haber politizado la lengua vehicular. Podríamos señalar otra retahíla de evidencias en el País Vasco, Galicia, Valencia y Baleares para demostrar que la señora Seijo no es competente en la materia que dirige, pero creo que sería redundante insistir en ellas después de señalar las de Cataluña. Gloria Lago, con Galicia Bilingüe, o Hablamos Español le podría poner al corriente de Galicia, que tan cerca le queda, o del resto de comunidades, por si necesita tutora para estos agujeros negros en su formación.

Su mala fe, aunque bien podría también ser puro desconocimiento, llega a asegurar que la «ley Wert» politizó la lengua vehicular, causa, según ella, de este acoso de la derecha a las lenguas regionales. Desde luego, si en algo fue incapaz el ministro del PP Wert, fue impedir que se siguiese excluyendo el español como lengua docente. Su Lomce fue una mala ley en varios temas, pero en el lingüístico, pésima. No por introducir el concepto de lengua vehicular en 2014 (está ya en los Estatutos de los ochenta y en la Ley de Educación catalana de 2009), además de haber sido el Caballo de Troya para imponer la inmersión solo en catalán por parte del nacionalismo desde los años ochenta, sino por dejar tirados una vez más los derechos lingüísticos de los hispanohablantes en las comunidades lingüísticas. Si acaso, su ley ayudó a consolidar por incomparencia, el abuso lingüístico de los nacionalistas.

Posiblemente, que a estas altura de la película se cuestione la vehicularidad del español como lengua común porque no está en la Constitución, ya son ganas de retorcer la letra de la ley de leyes. Artículo 3.1 de la Constitución: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».

¿Se puede colegir de ese artículo constitucional que la lengua común de todos los españoles y oficial a todos los efectos no tiene implícita la condición de vehicular? ¿Si no la tiene ella, qué lengua española la puede tener? ¿Dónde está escrito? ¿Nos quieren tomar por tontos?

Desde luego, los Tribunales lo tienen claro, porque estos han dejado establecido en más de 34 sentencias tal derecho del español. Hay dos claves, la sentencia 337/1994, y la 31/2010 del Estatuto, las dos del Tribunal Constitucional por la que establecieron la conjunción lingüística; es decir, que catalán y castellano han de ser lenguas docentes sin que ninguna de ellas sea exclusiva ni excluyente. (Por si alguien se quiere documentar más, aquí les dejo dos cartas abiertas al presidente José Luis Rodríguez Zapatero (1) y (2), otra a Pedro Sánchez y la tramposa Ley de Lenguas que nos quiere colar el PSC para eliminar definitivamente al español como lengua común y convertir todas las lenguas regionales en obligatorias en diferentes ámbitos del territorio nacional).

En su artículo, Seijo dice otros disparates, pero para no alargarme les remito a la extraordinaria contestación que le dedica Alejandro Tercero: «El PSOE, el bilingüismo escolar y la República», donde la deja en cueros intelectuales.

Tampoco anda muy fina la portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, que demuestra hablar de oídas de un tema que da la sensación de ignorar por completo: «Los niños van a seguir estudiando en catalán y en castellano. Nadie puede decir lo contrario. Es absurdo y la derecha lo sabe. Es un ataque para paralizar una ley que deroga la ''ley Wert'', nefasta para nuestra educación».

Ni siquiera sabe que en varias comunidades españolas bilingües, la Lomloe que consagra la exclusión del español como lengua vehicular ya se está aplicando desde hace años, y en Cataluña desde los años ochenta. Dicho para que me entienda, se estudia español, pero no EN español (y no siempre la propia asignatura de español, se da en español). Si antes no se ha podido ejercer ese derecho con la ley y varias sentencias judiciales en contra, ¿cómo se va a poder hacer ahora con la ley a favor de los nacionalistas? Ya no le pido que se preocupe de los derechos lingüísticos de las familias con menos recursos, ni siquiera que no nos mienta, sólo que se informe. Resulta sospechoso que personajes así sólo puedan referirse a temas serios como éste con mantras. ¿En qué manos de incapaces hemos dejado el Estado?

Quizás las afirmaciones cortafuegos más descaradas hayan sido las que afirman que el español no está en peligro. Que lo afirme alguno de estos políticos del tres al cuarto, produce grima, pero que lo afirmen filólogos como Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, como si no supiera distinguir lo que es una lengua de los derechos de los hablantes para colar la «ley Celaá» como progresista, es sangrante. Su falta de rigor científico y la servidumbre política que muestra, produce vergüenza ajena. En «Dejemos en paz las lenguas» afirma: «Quien dice que el español está en peligro miente».

Son los derechos lingüísticos de sus hablantes, señor Montero los que están en peligro, no la lengua española. O como dice el manifiesto-contestación a su artículo, rubricado por varios intelectuales y encabezados por Santiago Trancón de pronta salida en «El Mundo»: «La lengua española no está en peligro. Lo que está en peligro es España y los españoles».

Para cerrar este paseo por el amor y la muerte, no podía faltar el hacedor de todo el ambiente tóxico que está destruyendo los lazos afectivos entre españoles, el PSC. En este caso, a través de Miquel Iceta. Acaba de afirmar que hay que modular la inmersión, aflojarla para adaptarla a las necesidades de los hablantes. ¿Se puede ser más cínico? ¿Él, que ha exigido una y otra vez blindar la inmersión, pretende engatusarnos ahora con ese cuento? ¿Después de cuarenta años de llamarnos fachas por defender la igualdad lingüística, nos viene a darnos coba para volver a engañar a los incautos que aún queden?

Miren, estamos ante unas elecciones autonómicas a tres meses vista, donde Cs perderá un sinfín de votos. ¿Cómo los podría cosechar defendiendo la exclusión del español por ley, como hace la «ley Celaá» que han aprobado los suyos en el Congreso? Ha aparecido el policía bueno. No caigan en el engaño una vez más.

Para más INRI, se atreve a afirmar que jamás pactará un gobierno en Cataluña con los independentistas. En Madrid, los suyos lo hace hasta con los filoetarras; curiosa manera de afirmar lo contrario de lo que hace. El último gobierno que pactó el PSC con los independentistas de ERC, impuso las multas lingüísticas por primera vez. Ni Pujol se había atrevido a tanto. Aviso para navegantes.

No se entiende que partidos nacidos para defender la igualdad de los ciudadanos frente a las desigualdades sociales, se dediquen a apuntalarlas cuando tales desigualdades las defienden los territorios. El cupo y concierto vasco y navarro, las continuas cesiones económicas a los nacionalistas catalanes, y la exclusión de derechos lingüísticos de unos españoles frente a otros, son cacicadas impropias del principio de igualdad consagrado por la izquierda. Que lo haga la derecha, es parte de la lógica de su ideología; que lo defienda la izquierda es un atentado contra todos los principios que la inspiraron históricamente. La impostura no puede ser mayor: exigen el plurilingüismo a España e imponen el monolingüismo para Cataluña; persiguen la igualdad económica entre los ciudadanos tomados uno a uno, pero sacralizan la desigualdad económica de los territorios; detestan a los ricos, pero si los ricos son los territorios, entonces pasan por alto su corrupción y reclaman para ellos la soberanía suficiente para poder seguir actuando sin controles ni molestias. Es decir, exigen privilegios, reclaman paraísos para las rentas más altas y se desentienden de los obreros, pensionistas y parados de las comunidades más pobres. Una izquierda nunca vista, un fraude ideológico que hoy está pisoteando los derechos lingüísticos de todos, pero sobre todo de las clases sociales con menos recursos y que sólo cuentan con la escuela pública como ascensor social.

El próximo miércoles 2 de diciembre, mañana, la izquierda española no nacionalista se concentrará ante la Delegación del Gobierno en Barcelona a las 19.00 horas para leer y entregar un manifiesto: «La izquierda no nacionalista contra la 'ley Celaá', en defensa de los derechos lingüísticos y constitucionales de todos los españoles».

Otra izquierda es posible. Sólo tomando conciencia de este fraude lingüístico, podremos deshacernos del camelo de la lengua propia y el abuso que conlleva. Marx lo llamaba alienación, enajenación. Tomar conciencia de ella, es la puerta para liberarnos.

Antonio Robles es presidente de Centro Izquierda de España (dCIDE)