El secuestro de la Meridiana: 130 días de cortes con permiso de Torra

La petición de momento no será atendida por la Generalitat, que se aferra a que el derecho de manifestación está «especialmente protegido por la Constitución española». Consultado por ABC, este departamento fundamenta su negativa en que los Mossos no consideran que haya nada excepcional para restringir este derecho, y añaden que sobre esta cuestión no tienen «nada más que decir». Ni el Ayuntamiento ni la Guardia Urbana comparten esta opinión.

La demanda municipal, de hecho, no es nueva, aunque ahora las advertencias han subido de tono. La Guardia Urbana ha mandado desde principios de diciembre -cuando el bloqueo llevaba más de mes y medio alterando el tráfico de la ciudad- hasta cuatro informes a la Dirección General de Administración de Seguridad pidiendo que se intercediera en la cuestión y alegando problemas de seguridad viaria, movilidad y afectación a los vecinos.

Ante los oídos sordos de la Consejería de Interior, la Guardia Urbana ha aportado nuevos y más contundentes argumentos, especialmente porque la actitud de los manifestantes se ha radicalizado. En el último informe, enviado el martes, advierten de que «han cambiado las circunstancias». Y es que se han sumado a la causa jóvenes «encapuchados y con la cara tapada» , que mantienen una «actitud violenta», tanto ante los agentes como ciudadanos contrarios a las tesis separatistas.

La Guardia Urbana recuerda, por ejemplo, que el 28 de enero «un grupo de encapuchados golpeó con puntadas de pie y puñetazos a algunos de los vehículos atrapados». Tres días después, durante una situación similar, uno de los violentos portaba consigo «objetos peligrosos como líquido inflamable para cargar encendedores y tres cápsulas de aire comprimido C02». Otro día los violentos rompieron el retrovisor de la moto de un conductor que había quedado bloqueado por estos sabotajes. También prendieron una hoguera de tres metros de altura, con el consiguiente peligro para todos.

La Urbana concluye que se están produciendo «alteraciones del orden público y daños a bienes públicos y privados» y avisan que tienen razones fundamentadas para pensar que se volverán a producir desórdenes con el consiguiente «peligro para personas o bienes» . Por ello, insisten en petición de que la Generalitat eche abajo «posteriores comunicaciones comunicadas por los organizadores en este punto u otros alternativos». Y es que los manifestantes tienen el aval para seguir manifestándose hasta el próximo 28 de febrero. Según adelantó «La Vanguardia», el permiso para convocar estas acciones lo pidió el vicepresidente de la ANC, Josep Cruanyes, después de que nadie lo solicitara para las primeras protestas.

En definitiva, 129 noches consecutivas de caos en esta principal arteria de la ciudad por culpa de unos cortes de carretera, que, a veces, no protagonizan más de una veintena de incombustibles secesionistas. «La ciudad está harta, ha dicho que ‘ya basta’», defendió ayer el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle. Dice que es «un abuso» que «tiene que acabar».