La Generalitat creará un índice para controlar los alquileres y bonificar o penalizar a los propietarios

De igual forma, cuando un piso se anuncie en un portal de Internet o en una agencia inmobiliaria deberá figurar también si el precio ofertado está por debajo o por encima del precio de referencia calculado por la Generalitat para esa zona o bien para ese municipio.

Borràs ha asegurado que, de esta forma, la Generalitat pone en marcha un instrumento que los ayuntamientos catalanes podrán usar para «bonificar» o bien para «penalizar» a un propietario con el IBI en función del precio al que tenga alquilado un inmueble.

Actualmente, el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) ya calcula el precio medio del alquiler en Cataluña, pero ahora la Generalitat quiere aprovechar todos los datos que tiene a su alcance este organismo para crear un índice en el que se calcule el precio mensual por metro cuadrado de una vivienda y que recoja también aspectos como si la finca tiene o no ascensor, su antigüedad o bien el estado del piso.

En el caso de que un propietario alquile un piso por debajo del precio de referencia, la Generalitat le dará mayores «facilidades» para acceder a ayudas a la rehabilitación o para obtener avales al alquiler.

Según datos del portal inmobiliario Fotocasa, Cataluña, con Barcelona a la cabeza, se ha posicionado como la comunidad con la vivienda de alquiler más cara de España , con un precio medio de 11,24 euros por metro cuadrado al mes, y en la capital catalana el precio ha aumentado en todos los distritos, especialmente en el Eixample, que ha subido un 18,3 %, seguido de Sants-Montjuïc (17,8 %), Nou Barris (17 %), Sant Andreu (13,9 %), Sant Martí (12 %) y Gràcia (10,3 %).

Tras salir de una reunión del grupo de trabajo para fijar los criterios de una futura legislación sobre los arrendamientos urbanos, Borràs ha avanzado que la Generalitat pretende aprobar una ley catalana de arrendamientos urbanos en el plazo de nueve meses , y que aspira a crear la figura del contrato del alquiler de cinco años, ampliable a otros tres, así como a crear uno de larga duración entre 15 y 20 años.

Preguntado por la posibilidad de que estas medidas choquen con la ley estatal de arrendamientos urbanos, ha recordado que la Generalitat ha anunciado un referéndum de independencia en septiembre y que estas medidas podrían tener cabida en un nuevo escenario político .