Protección de Datos estudia sanciones por una encuesta que preguntaba a los alumnos si eran independentistas

La ACPCAT ha iniciado también un expediente sancionador contra los siete institutos que facilitaron un listado con los nombres y apellidos de los alumnos que participan en la encuesta, algunos de ellos menores de edad. Se trata de los institutos Pablo Ruiz Picasso (Esparraguera), El Morell (Tarragona), Ermessenda (Gerona), Eduard Fontseré (L'Hospitalet de Llobregat), Intermunicipal del Penedès (Sant Sadurní d'Anoia), Numància y Terra Roja (Santa Coloma de Gramenet). Se les imputa la «presunta vulneración del principio de minimización de los datos al proporcionar al grupo de investigación de la UdL, con carácter previo a la realización de la encuesta, los datos personales de todos los alumos de tercero y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y en algún caso también de segundo de ESO », en este último caso menores de edad.

Así consta en la resolución del organismo catalán, a la que ha tenido acceso ABC, y en la que se descarta, no obstante, otras posibles infracciones imputadas a la UdL como «el hecho de que no proporcionara toda la información prevista en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27/4, relativo a la protección de las personas físicas por lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de los mismos» a los alumnos de los institutos El Cairat (Esparraguera), Baix a Mar (Vilanova i la Geltrú), Eduard Fontseré , Numància, Intermunicipal del Penedès, Terra Roja, Ermessenda y Pablo Ruiz Picasso , según consta en el informe de la ACPCAT «por estar prescrita la infracción», y respecto a los alumnos de los institutos Torre Vicens , Samuel Gili i Gaya y Josep Lladonosa (Lérida), y el instituto de Seròs , «por que no partriciparon en el estudio controvertido (sino en uno anterior)» . «En cualquier caso, -añade la APDCAT- la eventual infracción del principio de transparencia también estaria prescrita».

La polémica encuesta, que ocupa 16 páginas, fue realizada en noviembre de 2019 en varios institutos catalanes. Su cumplimentación era un encargo del departamento catalán de Educación y su objetivo era, tal y como se especificaba en las páginas entregadas a los alumnos, ayudar en un estudio dirigido por la Universitat de Lérida y financiado por el Ministerio de Economía sobre aspectos lingüísticos para analizar así la integración cultural de los migrantes.

En el formulario se interrogaba a los estudiantes sobre su lengua habitual de uso en sus relaciones personales, en las redes sociales, con la familia, etc.. pero también les preguntaba sobre cuestiones más de índole política como: «Hasta qué punto te identificas con: el movimiento independentista / el movimiento no independentista». Esta frase aparecía adjunta a un recuadro con una escala del uno al cinco para señalar con una cruz tal cuestión. Según relataron a ABC padres de alumnos de El Morell, algunos niños fueron amenazados . «Si no la rellenaban eran castigados sin salir al recreo», explicó uno de los padres.

La controvertida encuesta llegó a padres y madres del instituto tarraconense, después de que algunos alumnos se quejaran por tener que hacer públicas sus posturas sobre el secesionismo. También por tener que poner su nombre y apellidos en un documento de autorización —los autores aseguran que es confidencial— y por verse obligados a rellenarlo en horario lectivo y no de manera voluntaria. Tampoco se pidió permiso previo a los padres ni se les comunicó la existencia de tal encuesta , según explicaron fuentes próximas a ABC.

Dos días después de que se tuviera conocimiento de los hechos, la Asamblea para una Escuela Bilingüe (AEB) elevó una denuncia a la Generalitat y otra a la Alta Inspección del Ministerio de Educación. De igual modo, según relata la entidad, puso en conocimiento de los hechos al Defensor del Pueblo , que esa misma semana se reunió con 40 familias del citado instituto en Madrid. Los padres elevaron al órgano sus quejas por la «reiterada falta de neutralidad política del centro». Lo denunció también ante la Agencia Catalana de Protección de Datos , que ahora ha respondido con los expedientes sancionadores a la UdL y a los siete institutos.

La controvertida encuesta, que se paralizó por orden de la consejería el 15 de noviembre, llegó también al Parlamento catalán. Preguntado sobre la realización del cuestionario en los institutos, el consejero de Educación, Josep Bargalló , echó pelotas fuera y se limitó a afirmar que «Educación no cuestiona los estudios que vienen avalados por una universidad y también por el Ministerio de Economía, y siempre nos abrimos a la investigación académica».

Por contra, la Alta Inspección educativa, que depende del Ministerio de Educación, sí respondió y pidió explicaciones a la Generalitat sobre la encuesta, tal como avanzó ABC en su edición del 25 de noviembre. El ente inspector estatal respondió a la demanda realizada el pasado 21 de noviembre por la AEB en la que exige «la apertura de una investigación que dirima las responsabilidades» sobre el caso, así como «las pertinentes sanciones administrativas que deriven de ello», dado que, según apunta en su denuncia, «nadie de la administración educativa catalana impidió que se realizara».

Ana Losada , presidenta de la AEB, celebra la decisión de la Agencia catalana de Protección de Datos. «Nos alegramos de la decisión de APDCAT, por la gravedad de los hechos denunciados y como recompensa a la valentía de los padres de El Morell, que no aceptaron las justificaciones del centro, ante lo que evidentemente era una vulneración de los derechos de sus hijos», asegura en declaraciones a ABC.

«Este expediente sancionador demuestra que la escuela catalana no tiene los mecanismos para impedir que se produzcan situaciones como la que ahora será sancionada, deberíamos preguntarnos como es posible que no saltará ninguna alarma en ningún nivel del departamento de Educación antes de llegar esa encuesta a manos de un menor», dice la presidenta de la AEB.

«Ahora esperamos que la Agencia Estatal de Investigación , que subvencionó este estudio, y a la que hemos informado puntualmente durante este proceso, tome medidas ejemplares contra el Departamento de Lengua y Educación», añade.