La plaga amarilla

Estos meses podemos ver muchas calles de los municipios de Cataluña con lazos amarillos de plástico en árboles y en el mobiliario urbano; pintados en el asfalto, muros o puertas; o incluso en playas y bosques. Con toda esta acción, que ensucian nuestras calles y zonas verdes, quieren escenificar el apoyo a unas personas a los que denominan de forma errónea «presos políticos» (sin entrar en este debate, es evidente que se les acusa de infringir la ley en democracia, cosa que le puede pasar a cualquier otra persona que lo haga. Sólo hay presos políticos en las dictaduras).

Estas personas que quieren llenar las calles de color amarillo con sus acciones, no tienen ningún respeto por el espacio público y las policías locales tendrían que actuar y aplicar las ordenanzas municipales y multarles igual que cuando alguien estaciona mal su vehículo en la calle.

Me gustaría saber cuántos gobiernos municipales de Cataluña están sancionando por estas acciones que infringen las ordenanzas municipales. Por ejemplo, el ayuntamiento de Barcelona en su ordenanza para «fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público», en su Título II, Capítulo Segundo, trata sobre las normas de conducta y respeto sobre el espacio público y relata como todas estos comportamientos son sancionables. Pero poco se puede esperar de una alcaldesa que con este tema mira hacia otro lado y por lo tanto lo permite y consiente que se incumplan las ordenanzas de su propio ayuntamiento. La pregunta es: ¿Este mismo comportamiento se tendría con cualquier otro movimiento o reivindicación? A todos se nos tiene que hacer cumplir las normas de convivencia, a todos por igual. Cuando un dirigente incumple o permite que se incumpla la norma, es un mal dirigente y un mal ejemplo para la ciudadanía. Este sería también el ejemplo surrealista del alcalde de Arenys de Munt, que quiere sancionar a los que están limpiando las calles de lazos amarillos (bajo no sé qué criterio y norma municipal), en lugar de perseguir al que ensucia su municipio.

Esto al final lleva a perjudicar la relación de todos los vecinos en la calle; pues, ante la permisividad que hay, unos se creen con un derecho superior al del resto de ciudadanos y nos lleva a un escenario muy peligroso pues puede acabar por crear una gran confusión entre los vecinos del mismo municipio y llegar al desencuentro social y vecinal.

Incluso podríamos ver algunas actitudes que se verían tipificadas en el Código Penal, en su Título XVI, Capítulo III, sobre «los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente», cada vez que vemos árboles y algunos campos llenos de lazos amarillos de plástico tal y como denuncio una televisión comarcal hace unas pocas semanas.

Ante esta agresión a nuestro medio ambiente estoy convencido que la policía de los Mossos d’Esquadra y el cuerpo de agentes rurales de Cataluña están actuando de forma contundente y profesional. Lo que sí es una realidad, es que el permitir que no se respeten las normas hace que una gran parte de ciudadanos que sí cumplen con ellas se sientan indefensos ante su ayuntamiento; y lo que también es una realidad, es que el «amarillo plastificado» está contaminando nuestras vidas.

ALBERTO VILLAGRASA ES EXPERTO EN SEGURIDAD CIUDADANA Y EXDIPUTADO DEL PP EN EL PARLAMENT