El Gobierno catalán aprueba la ley de fosas sin equiparar a las víctimas

Se trata de una ley pionera en España y que desarrolla el artículo 54 del Estatuto catalán dedicado a la memoria histórica y donde se atribuye a la Generalitat el deber de velar por «el reconocimiento y la rehabilitación de todos los ciudadanos que han sufrido persecución como consecuencia de la defensa de la democracia y el autogobierno de Cataluña».

Desarrollo estatutario

Este artículo fue introducido casi con calzador durante la reforma estatutaria, dado el empeño de ICV en promover su visión personal de la Guerra Civil. El proyecto emprende ahora su tramitación en el Parlamento catalán, donde será aprobado previsiblemente después del verano. El año pasado, la Cámara catalana dio luz verde a la Ley del Memorial Democrático, dedicada mantener la memoria de las víctimas del bando republicano y que se anticipó a la normativa española que regula esta materia.

El proyecto prevé la posibilidad de abrir una fosa a petición de los familiares de los desaparecidos o de una institución sin ánimo de lucro dedicada a la recuperación de la memoria histórica. Para cursar la solicitud será necesario aportar pruebas documentales que justifiquen la existencia de la fosa

Una comisión asesora será la encargada de determinar la viabilidad de la petición que, en última instancia, deberá contar con el visto bueno del citado departamento de Interior y Relaciones Institucionales, encargado de sufragar el coste de las exhumaciones. Abrir una fosa cuesta entre 40.000 y 50.000 euros, según la Generalitat. Desde que en 2003 se abrió el proceso de solicitud, un total de 2.161 personas han pedido la localización de sus familiares desaparecidos. La Generalitat ha identificado a unas 300 personas en las 179 fosas comunes localizadas, pero, a diferencia de otros puntos de España, la mayoría se trata de soldados anónimos. En las próximas semanas, la Generalitat habrá culminado

La ley de fosas, precisó Saura, también está «abierta a las víctimas del bando republicano incontrolado», aunque el dirigente ecosocialista nunca ha escondido que el reconocimiento de las víctimas de la represión «no puede trasladarse a todas las ideologías» porque «no se puede comparar a los golpistas con la superioridad ética de un Gobierno legítimo y democrático», según aseguró durante la tramitación de la Ley del Memorial Democrático. Es precisamente esta exclusión la que hace presagiar que el «rodillo» del tripartito permita aprobar la ley de fosas sin los votos de CiU y PP, tal como ocurrió con la primera ley, impulsada por el Gobierno de José Montilla pese a las reticencias de varios expertos que comparecieron en la Cámara catalana, donde se mostraron contrarios a reabrir viejas heridas y olvidar que unas 40.000 personas se vieron obligadas a exiliarse por oponerse a la República. Algunos historiadores advirtieron del peligro de que esas fosas comunes se conviertan en «parques temáticos turísticos»