La Generalitat prevé crear siete nuevas tasas, entre ellas una para Justicia

Fuentes del Departamento de Economía han asegurado desconocer estas tasas y han asegurado que las mismas y otros aspectos fiscales que pueden incorporarse durante la tramitación de los Presupuestos, entre enero y febrero, se están negociando con las partes afectadas. Las tasas por estos servicios de la administración de Justicia corresponderán a la jurisdicción civil, que se llevarán la mayor parte y que supondrán para la Generalitat nuevos ingresos de más de 20 millones. Además, también se cobrará por servicios de fotocopias, lo que supondrá 0,05 euros para las fotocopias DIN A 4, según prevé la Ley de Acompañamiento, pero con un impacto residual, apenas 3,3 millones en términos de ingresos para la administración. Por otra parte, diversos servicios correspondientes al área de contencioso-administrativo, implicarán otros ingresos de 1,5 millones.

En la práctica, esto supondrá gravar múltiples servicios jurídicos , como interponer recursos de apelación, recursos de contencioso administrativo, solicitudes de segundos testimonios en sentencias o la interposición de demandas de procesos declarativos, si bien las tasas no afectarán a la justicia penal, según lo que refleja el anteproyecto en este momento. En el área de Justicia y Seguridad, si bien no es una nueva tasa, sí se crea un nuevo hecho imponible sobre "la obtención electrónica del informe de comunicado de accidentes de tráfico elaborado por los Mossos d'Esquadra".

Este nuevo servicio, de aprobarse, entrará en vigor en el último trimestre de 2012 , con lo que su impacto en las cuentas públicas será limitado: 247.100 euros en el próximo año y más de 741.000 euros para el total de 2013, según prevé la memoria de evaluación económica. Estas nuevas tasas se enmarcan en unos Presupuestos marcados por una subida generalizada de tasas y un nuevo recorte del gasto, lo que entre aumento de ingresos y reducción de gastos ha de tener un impacto positivo de 1.000 millones de euros, según lo calculado por el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas.