La Generalitat agiliza un segundo decreto para asfixiar a la escuela concertada en Cataluña

La Generalitat publicó ayer un edicto por el que se somete a información pública la norma que regula los conciertos educativos y con la que el consejero Josep Bargalló pretende dejar sin subvención pública a los centros que cobran cuotas excesivas a las familias o no cumplen con las necesidades de escolarización fijadas en la programación de la oferta educativa.

El borrador del decreto, para el que se abre a un período «exprés» de alegaciones (el sector educativo tiene un plazo de siete días para estudiarlo y dar su opinión frente a los 15 días que suelen concederse para este proceso), contempla, entre otras medidas, que para acceder al concierto los centros deben satisfacer las necesidades de escolarización fijadas por el departamento y eso implica, entre otros supuestos que «las cuotas que tenga establecidas para las actividades complementarias, extraescolares y los servicios escolares no sean superiores a la media de los centros concertados en el porcentaje que determine el órgano competente de la consejería de Educación». Eso, según precisaron a este diario fuentes sindicales, supondrá a la práctica que el departamento «fijará una cifra media que no podrá sobrepasarse y a quien lo haga le retirará el concierto». Algunos centros concertados cobran a las familias cuotas que alcanzan hasta los 700 euros, aunque según apuntan desde el sector concertado «son muy pocos, una excepción».

El borrador de decreto de conciertos, que el martes fue entregado a la comunidad educativa durante la reunión del Consejo Escolar de Cataluña (CEC), contempla también que las escuelas concertadas deberán cubrir los gastos de transporte y comedor cuando «su ubicación impide acceder a ellos al alumnado que no dispone de recursos económicos». A juicio de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres de Cataluña (Fapel) , el decreto se suma a la presión que ha supuesto el decreto de planificación y acaba de estrechar el cerco a la concertada, ya que les exige que garanticen la gratuidad de estos servicios para el alumnado «aunque no prevé ninguna compensación económica». La única fórmula para compensar ese coste adicional son los contratos programa, «un acuerdo de corresponsabilidad entre el departamento y la titularidad de un centro con concierto general mediante el cual el centro dispone de financiación complementaria en virtud del acuerdo suscrito».

A juicio de Josep Manuel Prats , presidente de la Fapel, la fórmula de los contratos-programa no resuelve el tema de la falta de financiación porque «el decreto deja claro que solo se conceden a centros con una alta tasa de alumnos con necesidades educativas, situados en zonas de alta complejidad». La norma deja también claro que no tienen derecho a concierto los centros que separan a los alumnos por cuestión de sexo. «Eso no nos preocupa demasiado porque si les retira el concierto el consejero incumplirá el artículo 84 de la LOE e incurrirá en un delito de prevaricación, por lo que lo tenemos ganado en los tribunales. Lo preocupante del decreto es que no contempla recursos adicionales para que la concertada asuma todo lo que se le exige», concluye.