Diez años de la estocada mortal del Parlament a las corridas de toros en Cataluña

«Lamento las pretensiones de quienes han querido hacer de esto un termómetro de las relaciones entre Cataluña y España», dijo el entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, tras una votación en la que tres diputados del PSC se sumaron a ERC, IC-V y CiU (hablamos del Parlament «preprocés», antes de que el hemiciclo se conviertera en una ensalada de siglas y puñaladas por la espalda) en la estocada definitiva a las corridas. Ahí estaban ya algunos de los protagonistas de la política catalana como el hoy exconsejero fugado Toni Comín, entonces diputado del PSC y entusiasta defensor del veto, o el también exconsejero Santi Vila, uno de los diputados de CiU que, como Ramon Espadaler, Francesc Sancho y Antoni Fernández Teixidó, votó en contra de la prohibición.

En realidad, la cosa venía de lejos: en 2004 Barcelona fue la primera gran ciudad en declararse antitaurina y, cinco años después, la plataforma animalista Prou presentó la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por 180.000 firmas para abolir los toros. La suerte, nunca mejor dicho, estaba echada, y el Parlament se encargó de rematar la faena en una sesión en la según el entonces diputado de CiU Josep Rull se acabó con una «costumbre fosilizada». «La muerte del animal no es ninguna anécdota», añadió para marcar distancias entre corridas y correbous.

Consumado el trámite parlamentario, solo faltaba fijar el día y la hora. Dicho y hecho, la prohibición se hizo efectiva en enero de 2012, pero la última corrida «catalana» se celebró en la Monumental de Barcelona el 25 de septiembre de 2011. José Tomás, como celebran las crónicas, estuvo pletórico, y, junto a Serafín Marín, salió a hombros acompañado por carteles en los que podía leerse «Libertad para nuestra cultura».

Diez años después, la Monumental languidece y la del 25 de septiembre sigue siendo la última corrida celebrada en Cataluña, pero las cosas han cambiado sustancialmente, al menos sobre el papel. Así, en 2018, la Generalitat fue condenada por el TSJC a pagar un millón de euros a la familia Balañá, dueña de la Monumental, por los daños derivados de la prohibición taurina. Los propietarios del coso solicitaban una compensación económica de diez millones.

Antes, en 2016, el TC resolvió que la prohibición fue anticonstitucional y abrió las puertas al regreso de unas corridas que, sin embargo, siguen vetadas de facto a pesar del espaldarazo judicial. Es más: la Fundación Toro de Lidia intentó el año pasado que Olot, localidad en la que se encuentra la plaza de toros más antigua de Cataluña, acogiese la primera corrida desde 2011, posibilidad que fue rechazada de pleno por el Ayuntamiento alegando que «la voluntad reiterada y mayoritaria de la ciudad es que no haya espectáculos taurinos».