Desocupar Barcelona de «okupas»

Tres días después de aprobarse esta propuesta del PP, el Ayuntamiento de Barcelona desalojaba el edificio «okupa» de Transformadors en el distrito del Eixample. Lo lamentable es que el consistorio ha tardado casi un año en desalojar este edificio, a causa de los complejos de la alcaldesa Ada Colau hacía los «okupas». Este desalojo se podía haber hecho de forma inmediata el pasado mes de julio, pero Colau no quiso promover un «desalojo exprés» durante las primeras 48 horas de ocupación, provocando así la necesidad de solicitar una orden judicial para recuperar este edificio.

Con Colau como alcaldesa el problema de las ocupaciones ilegales se ha ido ampliando en casi todos los barrios, además de Transformadors, se han ocupado otros inmuebles como la antigua comisaria de Gràcia que debería tener usos de vivienda o centro cívico, las antiguas casitas de Hort de la Vila en Sarrià, el edificio que albergaba la escuela de adultos en el Raval o la reciente «okupación» en la calle Segre en el distrito de Sant Andreu.

Pedimos a Colau que cumpla con la propuesta aprobada en el último Pleno municipal para que siga desalojando los edificios e inmuebles ocupados. Es necesario acabar con el efecto llamada de ocupaciones ilegales por el consentimiento o la pasividad del gobierno municipal. En muchos casos los vecinos deben soportar muchas veces molestias, incivismo y hasta ruidos provocados por fiestas, conciertos y obras ilegales sin permiso. Como ejemplo tenemos Can Vies en Sants, una ocupación que se ha convertido lamentablemente en el icono de los que representan las ocupaciones ilegales, a pesar de contar con una resolución judicial que autorizaba el desalojo en abril de 2014, dos años después Can Vies sigue ocupado y provocando molestias a los vecinos.

Es necesario que tras un desalojo, el consistorio promueva los recursos necesarios para que estos edificios reciban el uso previsto, convirtiéndolos en equipamientos sociales, vecinales y de barrio. Las ocupaciones ilegales privan a los vecinos de tener más equipamientos y servicios para sus barrios. Además las ocupaciones ilegales son un agravio y un menosprecio para los vecinos inscritos en el registro para acceder a una vivienda pública. A todo esto, debemos añadir que Colau pretende promover un nuevo Reglamento de adjudicación de viviendas de emergencia social, en la que contempla regular la situación de los inmuebles ocupados, lo que significa legalizar un delito, creando un agravio comparativo hacía aquellos vecinos que tienen la necesidad de acceder a una vivienda pública, y no por ello pegan una patada a la puerta de un piso público para quedárselo, sino que se inscriben en un registro de solicitantes. Es el momento que Colau sea consciente y recuerde que es alcaldesa de los barceloneses y no «alkaldesa» de un colectivo.

Alberto Fernández es presidente del grupo municipal del PP en Barcelona