Confirmada la cuarta petición de ejecución forzosa de la sentencia del 25% de español tras la inacción del Gobierno

De esta manera, las tres entidades, junto a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), mantienen vivo el proceso de ejecución de una sentencia que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que interpuso la demanda y ganó el juicio en 2020, no ha reclamado su ejecución. En este sentido, tanto el Ministerio, a través de la Abogacía del Estado, como la Consejería, tienen un plazo de diez días -hasta el 21 de este mes- para presentar las alegaciones que consideren oportunas contra la petición de ejecución que presentó la AEB a finales de marzo.

En la ratificación de la cuarta petición de ejecución forzosa de la estrategia coordinada por HE, CCC y Jucil, Milagros Cívico, secretaria general de la asociación de la Guardia Civil, ha reclamado a la Justicia que la sentencia que obliga a la Generalitat a plaicar el bilingüismo en las escuelas tenga consecuencias inmediatas: «Han transcurrido sobradamente los plazos previstos y resulta notorio y evidente que la Administración autonómica no ha cumplido ni tiene intención de cumplir la sentencia».

Además, desde Jucil se ha hecho un llamamiento a todos los agentes, sean o no de la asociación, y al resto de personas que se consideren afectadas, es decir, los padres de jóvenes en edad escolar, para que se sumen a la reclamación de la ejecución forzosa del fallo del 25% y se ponga punto y final a la inmersión lingüística, un sistema que «es más bien un intento de ahogamiento de los castellanoparlantes» por parte de la Generalitat, «que supuestamente debería defender sus derechos».

En esta línea, Cívico ha recordado que el modelo de educación en las aulas de Cataluña afecta también a los agentes de la Guardia Civil, pues es uno de los aspectos de la conciliación familiar. «Si sólo nos afectara a nosotros, a los guardias civiles, a los policías o a los funcionarios, quizá no sería tan importante. Pero afecta, y de una manera grave, a la conciliación de nuestras familias, a nuestros hijos que ven discriminados y vejados derechos que les otorga la Constitución, el ordenamiento jurídico y ahora, también el máximo tribunal de Justicia de Cataluña», ha señalado.

La estrategia de las tres entidades se basa, en primer lugar, por que el TSJC reconozca la legitimación de las asociaciones. Así, HE y CCC presentaron conjuntamente una petición de ejecución forzosa de la sentencia de 2020 y la segunda petición fue a cargo de un grupo de padres de colegios que no han podido constituir nuevas asociaciones de padres y madres. La de Jucil es, por lo tanto, la tercera petición expresa para que la Consejería acate la sentencia del TSJC. Y a estas hay que sumar la de la AEB, entidad que ya fue legitimada por el TSJC para recurrir la exclusión del uso del español en las pruebas de Selectividad.

Por su parte, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha informado hoy, en sus redes sociales de internet, de que convoca dos manifestaciones para los próximos 26 y 28 de este mes, a las puertas del Parlamento de Cataluña, para protestar contra el cambio en la Ley de Política Lingüística, que establecería en la norma autonómica la vehicularidad del español, junto al catalán, en las aulas de Cataluña.

La propuesta del cambio normativo, que está previsto se apruebe en la sesión parlamentaria de los días 26 y 28, surge del acuerdo entre el PSC, ERC, Junts y los comunes, si bien, el partido de Carles Puigdemont dejó en suspenso su apoyo final, a la espera de que las entidades independentistas dieran su visto bueno. La ANC, desde el primer momento, se opuso a equiparar las dos lenguas oficiales en Cataluña.