El Govern admite ante el juez que el español también es lengua vehicular

En noviembre de 2011, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió a trámite un recurso de IC contra el decreto de la Generalitat 155/2010 que regula la dirección de los centros educativos públicos y del personal directivo profesional docente. Esta plataforma, presidida por José Domingo y defensora de los derechos de los castellanohablantes, alega que el artículo 6.d del decreto tiene como finalidad «garantizar que el catalán sea la lengua vehicular de la educación, administrativa y de comunicación utilizada normalmente en las actividades del centro».

Según IC, la normativa permite a los directores sancionar al personal que no utilice esta lengua como vehicular y a la Generalitat cesar a los directores y directoras en caso de incumplimiento de esta función. Por ello, insta a la sala a presentar una cuestión de inconstitucionalidad contra el régimen lingüístico de la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que inspira el contenido del decreto.

En sus alegaciones, el Govern indica que la LEC otorga a los directores de centros la función de aplicar un proyecto lingüístico «sea cual sea el contenido del mismo». Asume que la sentencia del TC sobre el Estatuto declara inconstitucional la expresión «preferente» aplicada a la lengua catalana y que la exposición de motivos de la LEC «no niega ni impide el carácter de lengua vehicular del castellano», lo que ha sido avalado por la sentencia del TC sobre el Estatuto. Reitera que «la regulación estatutaria del catalán como lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza se ajusta al marco constitucional y no comporta la exclusión del uso vehicular de la lengua castellana». Sin embargo, añade que el derecho constitucional de conocimiento de la lengua castellana «no comporta un derecho a recibir la enseñanza exclusivamente en castellano», por lo que niega «un derecho del ciudadano de opción lingüística en el sistema educativo» ni «una posición de igualdad de las lenguas en el sistema educativo».

En el escrito se afirma que la jurisprudencia constitucional «ha sido clara y rotunda en afirmar que el catalán, en atención al objetivo de normalización lingüística, debe ser el centro de gravedad de este sistema» .

Otra sala del TSJC está pendiente de decidir si abre un procedimiento por desobediencia contra la Generalitat por negarse a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo que reconocen el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en castellano. El ejecutivo nacionalista de Mas siempre ha hecho ostentación de su desacato a los fallos y advierte de que no piensa dar ningún paso atrás en su sistema de inmersión lingüística.