Aviso a la «ley Celaá»: la justicia suspende el cerco de la Generalitat a la escuela diferenciada

El pasado mes de julio el Gobierno catalán publicó en el Diario Oficial de la Generalitat la decisión de no prorrogar sus acuerdos de concierto educativo con once centros que diferencian por sexo (La Farga, La Vall, Tarragona, Lleida, Les Alzines, Pineda, Viaró, Xaloc, Bell-lloc, Canigó y Campjoliu). En el conjunto de España hay unos noventa centros escolares que ofrecen la escolarización diferenciada .

En Cataluña, ahora, esta medida impulsada por el consejero de Enseñanza, Josep Bargalló (ERC), queda suspendida provisionalmente y los colegios afectados, principalmente ligados a órdenes religiosas, podrán seguir recibiendo financiación pública. De todos modos, tras conocer el auto -que tiene un voto particular en línea con lo defendido por la Consejería de Enseñanza-, la Generalitat anunció que lo recurrirá y que su intención sigue siendo la de retirar el concierto a estos centros. Para que los colegios puedan acogerse al concierto con la Generalitat tendrán que depositar en un plazo de dos meses 1,8 millones de euros como «caución o garantía».

La decisión del TSJC fue recibida con optimismo por algunas de las entidades que pusieron el grito en el cielo al conocer las intenciones del Govern. Entre ellas, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Escuelas Libres de Cataluña (Fapel), que destacó ayer que la decisión del tribunal es «muy clara» y, desde su punto de vista, ratifica «de forma inequívoca» el derecho de las escuelas concertadas a seguir recibiendo financiación pública como todos los otros centros de Cataluña independientemente de cuál sea la configuración de sus aulas.

«Esta resolución avala, nuevamente, el derecho de las familias a poder elegir cualquier centro del Servicio de Educación de Cataluña, y garantiza la pluralidad. Además, hay que recordar que el TC reconoce que los centros de educación diferenciada deben poder acceder al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad respecto al resto de centros educativos, sin que el carácter del centro como centro de educación diferenciada pueda convertirse en un obstáculo para dicho acceso», señaló la Fapel.

La entidad recordó que la decisión del TSJC -que prima el interés de los centros y las familias y el coste que a estos puede suponerles- supone un primer aviso para la conocida como «ley Celaá», aprobada recientemente en el Congreso -y solo a la espera de su paso por el Senado para que entre en vigor- entre críticas de la oposición, la concertada y la educación especial.

«La Lomloe deniega el derecho a la financiación de estas escuelas», resaltó la entidad antes de arremeter contra la nueva ley educativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez , por considerarla «muy lesiva» para el sistema educativo, especialmente en relación con la escuela concertada, ya que, a su parecer, atenta contra la pluralidad, la igualdad de oportunidades y la libertad de enseñanza.